Con un tuit lanzado desde el Palazzo Chigi inmediatamente después de la visita ayer a la sede de la Confederación Italiana del Trabajo (CGIL), Mario Draghi prometió que «no habrá tolerancia contra la intimidación y la violencia». La sede del mayor sindicato del país había sido asaltada y devastada el pasado sábado en Roma por grupos neofacistas, infiltrados en una multitudinaria protesta pacífica en la capital contra la imposición del pasaporte Covid a los trabajadores italianos.

El primer ministro mostró una firmeza absoluta ante estos actos violentos durante la reunión mantenida ayer durante media hora con el secretario general del CGIL, Maurizio Landini, a quien expresó la solidaridad del Gobierno y de todo el país a todos los sindicatos, «garantes de la democracia».

El lunes, políticos, intelectuales y sindicalistas italianos exigieron la disolución de los movimientos neofascistas que protagonizaron los actos violentos el sábado, incluido un ataque al centro de urgencias de un hospital público, en los que la policía tuvo que usar gases lacrimógenos para dispersar a los radicales apostados frente a la oficina de Draghi. La Fiscalía de Roma ha abierto una investigación por los disturbios en la manifestación, instigados por militantes del partido neofascista Forza Nuova, y que acabaron con 12 detenidos, entre ellos el líder nacional de la formación, Giuliano Castellino, y su responsable en la capital, Roberto Fiore. La Fiscalía bloqueó además la página web del partido por instigación a la delincuencia agravada por el uso de instrumentos informáticos o telemáticos.

El lunes, Partido Democrático (PD) de centro-izquierda y la formación antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5E) presentaron una moción en el Parlamento pidiendo la disolución de Forza Nuova. Y ayer, durante el encuentro con Landini, el dirigente del CGIL anticipó al premier que también pedirá -durante la manifestación nacional convocada para el próximo sábado bajo el lema Mai piú Fascismo- «una medida para la disolución de las fuerzas políticas que se refieren al fascismo, según dispone la Constitución». A lo que Draghi respondió: «Es un tema que tenemos en mente, lo discutiremos».

En el Palazzo Chigi el debate comenzó el domingo y ya está en pleno apogeo. La hipótesis en la que se trabaja es clara: disolver Forza Nuova con un decreto del Gobierno. Draghi quiere evitar más escenas como las del fin de semana -que dejaron cristales rotos, material de oficina destrozado e incluso manchas de sangre en el suelo de la CGIL- y que las protestas callejeras sigan aumentando.

Aún no hay nada decidido, pero en las salas de la Presidencia del Consejo se están realizando todas las investigaciones oportunas de carácter jurídico. La resolución se basará en la ley Scelba del 20 de junio de 1952, que permite al Gobierno «en casos extraordinarios de necesidad y urgencia» actuar por decreto ley si un movimiento utiliza la violencia «como método de lucha política» o «denigra la democracia, sus instituciones y valores».

El tema es políticamente explosivo; Draghi actúa con extrema cautela. Esta disposición debe estudiarse en detalle, porque en la historia de Italia nunca ha sido disuelto un partido político por un decreto gubernamental. La formación paramilitar de extrema derecha New Order, fundada por Pino Rauti en 1956, fue disuelta en 1973 por el ministro del Interior Paolo Emilio Taviani, pero siguiendo una sentencia judicial.

Para el Gobierno, todas las opciones están abiertas. Sin embargo, si las investigaciones del Poder Judicial dijeran que los movimientos neofascistas han atacado las instituciones y pueden volver a hacerlo, el decreto de urgencia y necesidad se convertiría en la vía principal. Por su parte, los partidos de extrema derecha, entre ellos Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni y la Liga de Matteo Salvini, ya se han negado a firmar la moción parlamentaria. Pero si los tribunales demuestran que la democracia está en peligro, será muy difícil para estas formaciones votar en contra.

El otro problema que tiene que afrontar el Gobierno Draghi son las dudas del Ministerio del Interior. En las altas instancias existe el temor a que un decreto, que llegaría con los responsables del asalto a la CGIL aún en prisión, pueda inflamar las calles con nuevas y virulentas protestas. Pero si el primer ministro está convencido de que las instituciones están en riesgo será contundente, como lo ha hecho antes con otras cuestiones políticas candentes.

«Tengo la sensación de que habrá una respuesta democrática muy fuerte», adelantó Landini tras su encuentro con Draghi. El líder del sindicato, que ha defendido la obligación del pasaporte sanitario en las fábricas a partir del 15 de octubre, salió de la CGIL entre aplausos, saludando con la mano levantada: «Buen trabajo a todos».

Fuente: El Mundo.