Son autos ilegales o “chuecos”, pero para suavizar el término las personas en la frontera los llamaron “chocolate”: vehículos viejos que cruzan ilegalmente de Estados Unidos a México y que posteriormente se venden en la calle, aunque carecen de autorización para circular. La miscelánea fiscal que actualmente se discute en la Cámara de Diputados considera una opción para regularizar estos vehículos en el país.

El artículo transitorio décimo séptimo del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2022 considera la regularización de autos usados importados en la frontera con los Estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur, como ingresos excedentes para la Federación.

Sin embargo, regularizar lo chueco tendrá un costo alto para la industria. De acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), esta acción impactará en el alza de 20% de los vehículos nacionales. “Los costos que esto tiene son mayores a los beneficios en cuanto a los ingresos fiscales, además de los incrementos de contaminación y accidentes que puede ocasionar antigüedades de más de diez años”, dice Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la AMDA.

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este fin de semana un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para que las instituciones puedan hacer el cobro de 2.500 pesos (unos 125 dólares) para que puedan circular sin problemas. “Es la forma de mucha gente que no tiene para comprar un carro nuevo de tener un vehículo para trasladarse a su trabajo, llevar a sus hijos a la escuela”, ha dicho el mandatario este miércoles en su conferencia matutina. El fin de semana durante su viaje a Baja California, el mandatario aseguró que con esta medida se podrán recabar hasta 1.300 millones de pesos tan solo en esta entidad.

La diferencia de precios a los usuarios es clave en la comercialización de los autos que cruzan ilegalmente la frontera, con una diferencia de entre 30% y 50%. Mientras que una camioneta usada en el mercado formal puede costar arriba de 200.000 pesos (arriba de 10.000 dólares), uno importado de Estados Unidos puede encontrarse en menos de 140.000 pesos (menos de 7.000 dólares). Los autos compactos o semicompactos se comercializan a precios incluso menores.

La importación ilegal de autos usados es un fenómeno que ha crecido en los últimos años y se ha visto rebasado en el último mes. De acuerdo con la AMDA, el número de unidades que cruzaron la frontera creció en 36% en agosto de este año en comparación con el año anterior y de 85% si se le compara con el mes anterior. Hasta el mes de agosto, el último dato disponible, 106.502 vehículos “chocolate” fueron comercializados en mercados públicos en México, principalmente en los Estados fronterizos.

De hacerse efectiva la medida, no solo la venta de autos nuevos y la industria automotriz se verían afectados, sino el comercio de autos seminuevos a través de plataformas e incluso, entre particulares. La plataforma Kavak, que prioriza la venta de autos entre particulares, ha indicado que el mercado de seminuevos en México de modo legal tiene un valor de 60.000 millones de dólares en el país. “No se trata únicamente de la actividad de las distribuidoras sino todos los negocios formales de nuevos y usados o las personas que lo hacen entre familiares”, comenta Rosales Zárate.

Aunque el acuerdo publicado por el presidente en el Diario Oficial aún no tiene un carácter administrativo, de aprobarse el proyecto de Ley de Ingresos por el poder legislativo, en enero de 2022 miles de vehículos con una antigüedad mayor a los ocho años podrían circular legalmente por las avenidas y carreteras del país.

Fuente: El País.