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Egipto sentencia a cinco años de prisión a un icono de la Revolución.

Más de una década después del estallido de la Revolución en las prisiones egipcias siguen languideciendo quienes trajeron esperanza a la plaza de Tahrir. Alaa Abdel Fattah, uno de esos jóvenes, está entre quienes han recibido este lunes una condena de cárcel. Otro es el bloguero Mohamed Oxygen Ibrahim. Las mayores organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, así como el Parlamento Europeo, han condenado decisiones como esta, a la par que han denunciado «irregularidades» en este tipo de juicios, cuyos titulares se apoyan en la prisión preventiva para acabar con toda voz crítica en Egipto.

Desde el momento en que comenzaron a desatarse las protestas callejeras que acabarían por tumbar al Faraón Mubarak, Abdel Fattah se abocó en trabajar para la difusión de información sobre lo que en las calles estaba ocurriendo. Desarrollador de programas convertido en activista de izquierdas, el egipcio, junto con su mujer Manal Hassan, fundaron Manalaa y Omraneya, un tipo de páginas web, llamadas agregadores, útiles para aunar noticias de varios medios y fuentes distintas.

Tamaña labor le ha llevado a probar la cárcel numerosas veces durante la última década, según recuerda el medio Middle East Eye. La primera ocasión fue en 2013, cuando se le acusó de participar en una protesta ilegal. A principios de 2015 lo condenaron a un lustro entre rejas. Hasta marzo de 2019 no obtuvo la condicional, cuya condición era dormir cada noche en el calabozo de una comisaría local. Allí mismo volvieron a arrestarlo en septiembre de 2019. Desde entonces está en prisión preventiva.

Una de las razones de su encausamiento fue, como le ha ocurrido a otros tantos jóvenes egipcios descontentos durante estos años, el uso de las redes sociales. Referirse a otros activistas en apuros, o denunciando vulneraciones de derechos humanos, lo puso en la mirilla del Gobierno de mano dura del Abdel Fattah Sisi. La condena de este lunes es por «difusión de noticias falsas socavando la seguridad nacional». La razón que la motivó, cree su familia, es el haber retuiteado la denuncia de una muerte en la cárcel por presuntas torturas.

La sentencia, emitida por un tribunal especial -la ley de Estado de emergencia permite a estos juzgados intervenir incluso cuando este se ha levantado-, sin presencia del mismo juez que la dictó, no es apelable. «Me encarcelaron antes y me condenaron a cinco años por mi participación en las protestas. Nunca he estado en prisión por actos violentos. Pero me he acostumbrado a pasar al menos cierto tiempo afuera al sol. Me han privado de esto durante los últimos dos años», ha dicho frente al tribunal Alaa Abdel Fattah, según Mona, su hermana, quien no pudo entrar a la sala por la naturaleza de la corte.

El abogado Mohamed Bakir, quien actuó como representante legal del bloguero, recibió cuatro años de cárcel. El otro condenado el mismo lunes, también por cuatro años en prisión, es Mohamed Oxygen Ibrahim. Este periodista ciudadano se había hecho un nombre dando voz primero a la indignación de los egipcios por las políticas de Mubarak, y luego a las denuncias de fraude electoral en la elección de su sucesor. La Justicia egipcia lo considera miembro de «organización ilegal» y «terrorista».

Al igual que su compañero, Oxygen, que convirtió Internet y las redes sociales en altavoz de la realidad egipcia, ha sido víctima de los métodos de encarcelamiento preventivo. Múltiples instituciones acusan a Egipto de emplearlos como parte de un sistema, altamente arbitrario, destinado a silenciar voces críticas amedrentándolas a base de encarcelamientos e incertidumbre. Antes de saberse el veredicto, el ministerio de Asuntos Exteriores egipcio tildó de «inmiscuirse injustificadamente en asuntos internos» de Egipto a su homólogo alemán, quien había pedido un «juicio justo».

Las condenas de este lunes se enmarcan en una oleada de sentencias firmadas contra un gran número de defensores de los derechos humanos. La razón es la finalización, el pasado octubre, del Estado de emergencia que se había declarado en abril de 2017. Aunque el Gobierno argumentó que su motivo era la necesidad de combatir al Estado Islámico, grupos opositores alertaron de que este se estaba usando para aplacar a la disidencia, amparándose en normas como la que permitía registrar domicilios sin permiso judicial. Human Rights Watch ha explicado que 48 activistas, políticos opositores y defensores de los DDHH «detenidos injustamente», y sometidos a prisión preventiva durante meses, fueron puestos a disposición del juez en los últimos días previos al fin del estado de emergencia, con el objetivo de que fuese una de estas cortes especiales la que juzgara sus casos.

«El atroz error judicial dictado por este tribunal excepcional para castigar la expresión pacífica revela cómo el sistema judicial de Egipto se ha convertido en una herramienta de represión», ha dicho Joe Stork, subdirector para Oriente Medio y África del Norte de Human Rights Watch. El pasado jueves, Mahmoud Ezzat, el anciano líder de la hermandad prohibida de los Hermanos Musulmanes, recibió, junto con otros acusados, una cadena perpetua por espionaje para organizaciones extranjeras.

Fuente: El Mundo.

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