Hemos conversado con las familias y ya sabemos qué es lo que vamos a hacer», fue lo que les contestó Gabriel Boric a quienes, en su celebración el domingo en la noche tras conocer la victoria, le reclamaban a gritos «libertad a los presos por luchar».

La posición del presidente electo varió con el paso de la campaña. Cuando se presentó en el Senado el proyecto de ley que propone el indulto general para todos los presos del estallido social, mal llamados presos políticos, le entregó su respaldo. Después de la primera vuelta, el 21 de noviembre, Boric modificó su postura indicando que no se puede indultar a quienes cometieron delitos como incendio y saqueos.

Hoy, dos de sus estrechos colaboradores arrojan luz sobre qué va a hacer una vez que asuma en marzo.

Su estratega político, el diputado Giorgio Jackson, anunció que retirarán todas las querellas por Ley de Seguridad del Estado, que en la práctica agrava la calidad del delito y, por ende, las cautelares. Según precisó, dicha ley es una «interferencia» del Gobierno respecto al Poder Judicial «generando presión» en los juzgados de garantías.

Cabe la posibilidad también que indulte a quienes ya están condenados, como adelantó la diputada comunista Karol Cariola. «El presidente de la República tiene la posibilidad de indultar por sí mismo, no necesita un proyecto de ley», precisó.

El Instituto Nacional de DD.HH. señaló que entre octubre de 2019 y marzo de 2020 más de 11.300 personas fueron detenidas y 2.500 encarceladas. Sin embargo, en julio de 2021, el Poder Judicial informó que solo cinco personas seguían en prisión preventiva en espera de juicio y condena. La Fiscalía Nacional aclaró que, a mayo de 2021, se habían dictado 4.771 sentencias condenatorias a 3.879 personas (a algunos se les atribuyó más de un delito). Y se dictaron 149 absoluciones a 127 detenidos. No hay claridad sobre cuántos están condenados a pena efectiva de cárcel.

Jackson, además, se abrió a incorporar «compensaciones y reparaciones para las personas que han sufrido pérdidas materiales en inmuebles o muebles» durante el proceso del estallido social en el proyecto que se tramita. Hasta antes de la primera vuelta, la centroizquierda solo postulaba por la reparación a las víctimas de la policía.

Fuente: ABC.