Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) consideraron que la denuncia penal que se presentó en contra de seis integrantes de este órgano colegiado, por parte del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, es una persecución, intimidación y violación a la autonomía de la institución.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, firmado por los 11 integrantes del Consejo General, expresaron preocupación por la acción que emprendió el diputado Gutiérrez Luna (Morena), “toda vez que convierte un diferendo legal en una persecución penal”.

El pasado 22 de diciembre, Gutiérrez Luna presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, de las consejeras Claudia Zavala, Dania Ravel y los consejeros Ciro Murayama, José Roberto Ruiz Saldaña y Jorge Rivera, por haber votado a favor de un acuerdo mediante el cual pospusieron acciones relacionadas con la revocación de mandato, ello por no contar con el presupuesto económico suficiente. En la denuncia se incluyó al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo.

La denuncia es por la probable comisión de delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad.

Las decisiones del Consejo General del INE, indicaron en el posicionamiento, pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, y por ello la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como ya ocurrió.

“Por ello, es preocupante que el presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra consejeros que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el secretario ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado.

“Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen”, expresaron en el posicionamiento.

Los integrantes del Consejo General del INE consideraron que las denuncias son una forma de intimidación y vulneración a la autonomía del organismo. Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de las atribuciones legales, añadieron, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo cuando quienes las adoptan han explicado de manera pública los motivos de su decisión.

“En un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos”, puntualizaron.

El posicionamiento fue suscrito por el titular Córdova Vianello, las consejeras Norma Irene De la Cruz, Adriana Favela, Dania Ravel, Carla Humphrey, Claudia Zavala y los consejeros Uuc-kib Espadas, Martín Faz, Ciro Murayama, Jaime Rivera y José Roberto Ruiz Saldaña.

Antecedente
Sin el respaldo de las bancadas de oposición, el pasado 22 de diciembre el presidente de la Cámara de Diputados denunció penalmente ante la FGR a los seis consejeros del INE que, el 17 de dicho mes, aprobaron suspender la revocación de mandato, bajo el argumento de falta de presupuesto.

“Servidores públicos que se desempeñan como consejeros electorales integrantes del Consejo General del INE, y Edmundo Jacobo Molina, servidor público y secretario ejecutivo del instituto, por su participación en hechos con apariencia de delito de coalición de servidores públicos, previsto y sancionado por el artículo 216 del Código Penal Federal y los demás delitos que resulten, en agravio del servicio público federal y afectación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que se debe observar en el desempeño de su encargo”, señala el acuse de la denuncia de los hechos.

Fuente: El Universal.