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La ONU aprueba investigar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó este jueves un mecanismo con la capacidad de investigar y pedir cuentas al Estado sobre las graves violaciones que comete el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. La medida, cuyo periodo será de un año, tuvo el voto favorable de 20 países, 20 abstenciones y 7 negativas. Entre los países que votaron a favor están México y Argentina, que hasta hace poco mantenían una postura ambigua hacia los gobernantes sandinistas.

La resolución Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua fue aprobada durante la sesión 49 del Consejo, y celebrada por los grupos de oposición en el exilio que ven una nueva herramienta de denuncia internacional.

«Cómo nicaragüense saludo que México y Argentina hayan respaldado la creación del mecanismo para la investigación de los crímenes desde 2018 en Nicaragua. Poco a poco la verdad está llegando». recalcó la opositora Heydée Castillo, una de las personas que encabeza las acciones de incidencia internacional fuera del país.

El nuevo mecanismo de la ONU estará compuesto por tres expertos independientes que trabajarán con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los especialistas tendrán la capacidad de establecer hechos y circunstancias específicas, también de identificar a los responsables para futuros procesos de justicia.

Este mecanismo surgió a solicitud del Colectivo 46/2, conformado por 21 organizaciones de derechos humanos nicaragüenses e internacionales que realizan un monitoreo de las violaciones realizadas por el régimen.

Ortega no reconoce la medida
En medio de un aluvión diplomático por la reciente renuncia de su embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, el régimen de Ortega y Murillo no aceptó la medida y continuaron con el discurso de que existe una acción coordinada para desestabilizar a su gobierno. «No nos cansaremos de demandar que este organismo observe de manera imprescindible, en todas sus actuaciones, el principio de no intervención y de un trato igual para todos los estados partes de este sistema universal de derechos humanos», aseguraron a través de una nota oficial.

Parte de esta narrativa fue desmontada cuando McFields tomó la palabra en una sesión de la OEA «en nombre de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018». El régimen no se ha pronunciado sobre la renuncia, y en seguida se sacó a McFields del cargo a través de un decreto presidencial publicado un día después de las declaraciones.

El Gobierno de Nicaragua ha sido acusado de cometer «graves violaciones a los derechos humanos», e incluso «crímenes de lesa humanidad» por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras las protestas de abril de 2018, cuyo número de víctimas asciende a 355 personas asesinadas, según los últimos datos actualizados por la CIDH. Desde entonces, se ha instaurado en el país una política represiva contra todas las voces críticas, incluídos periodistas y opositores.

Fuente: ABC.

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