La Comisión Nacional de los Derechos (CNDH) denunció que la investigación del caso Ayotzinapa se realizó “bajo secrecía y fragmentación de la información” donde se ignoró el papel de las fuerzas armadas en los hechos.
Enfatizó que tampoco “se consideró la importancia de investigar la cadena de los mandos medios policiales y su participación por acciones u omisiones durante los hechos victimizantes”.
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Al presentar el Informe de la Recomendación 15VG/2018: La lucha imparable de todos los días, la CNDH reiteró que al analizar y revisar dicha recomendación, la cual fue cuestionada y rechazada por los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, se confirmó que fue la propia comisión nacional en administraciones pasadas, la que avaló de facto la formulación de la verdad histórica, por lo cual, deben repararse los errores que se cometieron.
“Por su redacción, el documento avala de facto la formulación de la verdad histórica. Si bien no lo señala tácitamente, su argumentación lo hace en sí misma, sin aportar nada a la verdad y a la justicia”, sostuvo el organismo nacional.
Y añadió que “el caso Ayotzinapa es una historia del horror, de ignominia, de terror, de impunidad y de corrupción, que enmarcan a la violencia estructural, a las prácticas sistemáticas de tortura y de desaparición forzada, que aún se encuentran anquilosadas en las instituciones del Estado, particularmente en aquellas diseñadas para garantizar y proveer seguridad a la sociedad, junto con las que son responsables de la administración y procuración de justicia”.
En su informe, el organismo nacional sostuvo que los dictámenes u opiniones técnicas que emitió personal de la CNDH en su momento, “fueron realizados en gabinete, es decir, que no se acudió al lugar de los hechos”.
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“Hay una necesidad urgente de reconocer públicamente las fallas y omisiones de las actuaciones de esta comisión nacional, a fin de realizar acciones en favor de las personas en situación de víctimas, y coadyuvar a la mayor participación en las investigaciones por parte de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos.
“Un derecho que la propia Ley General de Víctimas les reconoce, pero que, sobre todo, es hoy por hoy un imperativo de empatía y sensibilidad ante el dolor que en estos casi 8 años han vivido, al desconocer el paradero de sus hijos”, indicó la CNDH.
Finalmente, agregó que durante la investigación, la aplicación de los protocolos de Estambul presentó serias deficiencias que no permitieron la documentación de prácticas de tortura realizadas a diversas personas detenidas.
Fuente: Excélsior.
