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Estados, omisos ante la violencia contra mujeres; piden medidas urgentes.

Diputados de Morena, PRI y PAN consideraron el incremento en las desapariciones de mujeres y la violencia feminicida como una emergencia nacional y advirtieron de la ausencia de acciones por parte de fiscalías, gobiernos y congresos estatales, así como de las instituciones federales responsables de atender esta crisis.

Tan sólo en abril, diversos legisladores presentaron siete exhortos a diferentes instancias del Estado mexicano para implementar medidas urgentes para resolver la problemática, en los que advirtieron de los límites institucionales para atender el tema.

Entre los llamados destaca uno a reformar la Alerta de Violencia de Género para evitar dilaciones por trámites burocráticos.

También un llamado a las procuradurías y fiscalías estatales para que eficienten las indagatorias sobre feminicidios o desaparición de mujeres.

Exigencias

Legisladores exhortaron a fortalecer la protección a las mujeres; entre las acciones concretas están:

l Que las tres procuradurías y 29 fiscalías estatales agilicen las investigaciones sobre feminicidios, secuestro, desaparición o violencia contra mujeres o por razones de género.
l Reformar la Alerta de Violencia de Género y eliminar trámites rebasados o burocráticos.
l Revisar los avances de las alertas de violencia de género en 25 estados y los municipios involucrados.
l Coordinación de las entidades con las instancias federales para fortalecer la búsqueda de desaparecidas.
l Implementar una Declaratoria de Violencia de Género contra las Mujeres en los 51 municipios de NL.
l Fortalecer las acciones implementadas por el gobierno de Jalisco ante el alza en feminicidios.
Urgen a afrontar violencia feminicida; proliferan exhortos
Acusan a gobiernos locales de simular acciones en beneficio de las mujeres y de cumplir recomendaciones emitidas de manera oficial en alertas de género.

Ante el incremento de la desaparición de mujeres y de la violencia feminicida, diputados de Morena, PRI y PAN advirtieron de la ausencia de respuestas por parte de fiscalías, gobiernos y Congresos estatales y de las instituciones federales responsables de atender esta crisis que calificaron con carácter de emergencia nacional.

La situación quedó registrada en la Gaceta Parlamentaria de abril, donde fueron publicados siete exhortos a diferentes instancias del Estado mexicano, destacando la solicitud de que se pusiera en marcha la reforma a la Alerta de Violencia de Género, debido a que los actuales mecanismos resultan burocráticos y fueron rebasados por la realidad.

Hubo también llamados de Morena y del PAN a las autoridades de Nuevo León y Jalisco a tomar medidas urgentes ante el escalamiento que en esas entidades ha tenido el feminicidio y las desapariciones de jóvenes.

Denominados en el lenguaje parlamentario como puntos de acuerdo, estos documentos que exhortan, desde el poder legislativo a alguna institución, gobierno o instancia a atender determinado problema dieron cuenta en abril de la gravedad nacional de la violencia de género, así como del reconocimiento por parte de diputados de todas las fuerzas políticas de las limitaciones institucionales, legislativas, jurídicas y administrativas que el Estado mexicano tiene para resolverla.

FISCALÍAS EN DEUDA

La diputada Beatriz Dominga Pérez López (Morena) centró el llamado a las 3 procuradurías y 29 fiscalías de las 32 entidades federativas, a fin de que realicen las investigaciones sobre feminicidios, secuestro, desaparición o violencia contras las mujeres o por razón de género, “de manera pronta, imparcial, con profesionalismo y utilizando todos los medios necesarios, evitando dilaciones y sin dar explicaciones poco convincentes de los sucesos”.

En la exposición de motivos de su punto de acuerdo, la legisladora morenista relató que, en Oaxaca, “en casi todas las regiones, se han presentado secuestros o desapariciones, como los de Aisha Guzmán, Wendy Lucero, Melany de la Cruz, Frida Alondra Ruiz y qué decir de las jóvenes que misteriosamente aparecieron en Xoxocotlán, caso del que no sabemos qué pasó; las jovencitas de Tuxtepec y de las demás partes del estado”.

Uno de los exhortos que fue atendido el sábado 30 de abril es el que hizo la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) para que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma que por unanimidad aprobó la Cámara de Diputados el 8 de marzo anterior en materia de Alerta de Violencia de Género (AVG).

Documentaba en su llamado la gravedad que implicaba la tardanza de poner en marcha ese cambio que todos los grupos parlamentarios consideraron urgente y necesario semanas atrás, “ya que el modelo actual presentan grandes lagunas y deficiencias”.

Herrara Anzaldo expuso en ese punto de acuerdo que el procedimiento vigente hasta antier establece se había vuelto “un asunto burocrático muy complejo, desvirtuando con ello la naturaleza de urgencia e inmediatez que la naturaleza misma de la AVG pretende atender”

ALERTA REFORMADA

Recordó en ese documento legislativo la parlamentaria del PRI que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) sólo dictaba medidas hacia el gobierno estatal, la fiscalía local y eventualmente al Poder Judicial de las entidades, omitiendo señalar medidas específicas de competencia del orden municipal y federal.

A fin de hacer realidad lo que hasta ahora ha sido letra muerta, la reforma del 8 de marzo pasado establece que la emisión de la AVG “deberá ser de forma pronta y expedita, atendiendo a la situación de urgencia de los hechos documentados; las autoridades deberán adoptar las medidas presupuestales necesarias y suficientes de carácter extraordinario para hacer frente a la alerta”.

ACCIONES CONCRETAS

Los cambios impulsados ocho semanas atrás indican que las autoridades deberán hacer público el motivo de la alerta, la zona en que será implantada y elaborar un programa de acciones, susceptibles de ser evaluadas, para hacer frente a la violencia feminicida, distinguiendo lo que le toca a cada nivel de gobierno cuando se trate de casos de urgencia, como los que ahora se viven, enfatizó en su exhorto la diputada Herrera Anzaldo.

“Se estableció que el tiempo entre la admisión de la solicitud de alerta y la declaratoria no podrá exceder de 45 días naturales, esto para agilizar y dar urgencia a los casos que atentan contra las mujeres”, subrayó la legisladora.

Se indicó en el documento legislativo de la diputada del PRI que, desde su implantación en 2007 hasta 2021, se habían realizado 36 solicitudes de alerta de violencia de género, derivándose de éstas 25 declaratorias: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México con 2, Guerrero con 2, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz con 2 y Zacatecas.

Sobre las limitaciones de la AVG también se pronunció la diputada Olimpia Tamara Girón Hernández (Morena): “Las mujeres en nuestro país están sufriendo violaciones en contra de sus derechos humanos de forma sistemática, ya sea desde la misma sociedad que ha venido conservando un perfil patriarcal y/o desde diversas instituciones que imparten o no justicia, por lo que se puede Corroborar el recrudecimiento de la problemática que lamentablemente ha venido en aumento y parece ser que sin control, circunstancia que hace necesaria una revisión de todas las formas de violencia de género, sobre todo, aquellas que tienden a una actividad o finalidad feminicida”.

Secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, la legisladora morenista calificó como indignante que, a pesar de que algunas de las AVG tenían 6 años de haber sido declaradas, no se haya determinado ni levantarlas ni cancelarlas ni el nivel de resultados.

“Todo parece indicar que es debido a que, en muchos de esos casos, los gobiernos de las entidades federativas y municipios involucrados sólo han simulado acciones en beneficio de las mujeres y no han cumplido con las recomendaciones emitidas de manera oficial”, cuestionó la diputada Girón.

En su exhorto a la Conavim para tomar medidas al respecto, la morenista indicó que, dentro de las recomendaciones incumplidas, estaban la inexistencia o inoperancia de los Centros de Justicia para las Mujeres, del banco de datos sobre la violencia hacia las mujeres y de la omisión de protocolos de investigación para los casos de feminicidio, con perspectiva de género.

“Encontramos Evidencia suficiente para señalar que existe un déficit por parte de las instituciones gubernamentales correspondientes para satisfacer la demanda social y dar solución a esta situación; los asesinatos de miles de niñas y mujeres que tienen lugar en distintas regiones del país siguen sin resolverse”, detalló la política mexiquense.

Consideró en su propuesta que era necesario revisar los avances, eficiencia y seguimiento de cada una de las declaratorias de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en las 25 entidades federativas y los municipios involucrados, para lo cual solicitó a la Conavim coordinarse con éstos, a fin de hacer públicos los resultados.

La diputada Gina Campuzano González (PAN) expuso que, en lo que va de 2022, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se reportó a 748 mujeres en esa Condición del 1 de enero-14 de abril, es decir, en promedio, 7 mujeres son reportadas cada día.

La legisladora pidió exhortar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la FGR para que coordinen y fortalezcan de manera urgente las acciones relativas a la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas. El llamado también iba dirigido a los 32 gobiernos de las entidades federativas.

De manera más específica, Héctor Castillo Olivares (PAN) perfiló que Nuevo León enfrenta una de las mayores crisis en materia de seguridad, agudizada en los últimos meses.

Fuente: Excélsior.

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