El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, del Senado, el morenista Rafael Espino, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal (CPF) para perfeccionar el tipo penal en temas estratégicos en materia de delitos contra el consumo, la riqueza nacional, el patrimonio y el cuidado del medio ambiente, e incluye sanciones hasta de 15 años de prisión y 3 mil días de salario como multa.

Precisa en su iniciativa que las modificaciones a los artículos 254, 395, 414, 416 y 420 Quáter del CPF se hacen con el propósito de perfeccionar el tipo penal en un tema estratégico como son las aguas nacionales, además de proteger los bienes nacionales ante cualquier acto delictivo que pudiese vulnerar sus condiciones o las garantías adquiridas por parte de los usuarios de las aguas nacionales.

Insiste en su propuesta de reforma que el objetivo que persigue la modificación se ciñe a dotar de elementos de índole técnica en la construcción del tipo penal, específicamente con los delitos cometidos en contra de la economía pública, el consumo y la riqueza nacional, además de los relacionados con la afectación al patrimonio y al medio ambiente.

Plantea en el artículo 254 del CPF, la adición V: “Al que dolosamente adquiera, posea o trafique con semillas, fertilizantes, plaguicidas, implementos y otros materiales destinados a la producción agropecuaria que se hayan entregado a los productores por alguna entidad o dependencia pública a precio subsidiado; en los distritos de riego, el agua de riego será considerada como material a precio subsidiado.

“Si el que entregue los insumos referidos, fuere el productor que los recibió de las instituciones oficiales, se le aplicará una pena de tres días a tres años de prisión.

VI. A los funcionarios o empleados de cualquier entidad o dependencia pública que entreguen estos insumos a quienes no tengan derecho a recibirlos; o que indebidamente nieguen o retarden la entrega a quienes tienen derecho a recibirlos, se harán acreedores a las sanciones del artículo 253.

El morenista también propone adicionar el título vigésimo quinto de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa, al que ilícitamente descargue, deposite o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos, acuíferos o demás depósitos o corrientes de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad y cantidad de las aguas nacionales , a los ecosistemas o al ambiente.