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Sale libre lideresa de invasores del predio La Angostura en AO

Tras obtener un amparo, Rosa María Ayala Sánchez, líder del grupo que invadió el predio La Angostura, en la alcaldía Álvaro Obregón, fue puesta en libertad luego de seis meses en prisión por delitos ambientales, fraude y despojo, entre otros.

Autoridades capitalinas señalaron que ya estudia impugnar el fallo, toda vez que hubo irregularidades en el proceso, pues se informó del amparo al Ministerio Público dos horas antes de cumplirse el plazo impuesto por el juez de distrito para su liberación.

Ello, señalaron las fuentes consultadas, impidió que se tuviera margen de maniobra para combatir el recurso jurídico, y se presume que no se notificó del juicio al fiscal de estrategias procesales de Santa Martha, como tercer interesado.

Ayala Sánchez salió la madrugada de ayer del penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde la esperaban algunos seguidores. Incluso estuvo acompañada por Ernesto Sánchez Rodríguez, quien forma parte del consejo regional del Partido Acción Nacional capitalino.

Salí absuelta, afirmó la mujer que se opone a la regularización del predio iniciada por el gobierno de la ciudad, al tiempo que anunció que la alcaldía Álvaro Obregón –cuya titular, Lía Limón, expresó públicamente que la demarcación asumiría la defensa jurídica de la lideresa– establecerá un programa para la escrituración de mil 500 viviendas de La Angostura, pese a que es facultad de la administración central.

Vecinos del predio, cercanos a la organización de Ayala Sánchez, detallaron que para hacer frente al proceso penal tuvo que vender cuatro viviendas del mismo terreno que invadió hace 20 años y estaban a nombre de familiares suyos.

Según las investigaciones ministeriales, promovió al menos ocho asentamientos irregulares, especialmente en Álvaro Obregón, gracias a que por años generó una relación política con las autoridades de los gobiernos central y delegacional y hoy es aliada de la alcaldesa panista.

En La Angostura fueron invadidas en primera instancia tres hectáreas –las cuales fueron expropiadas para su regularización–, pero con el paso del tiempo se extendió hasta 11, afectando un área de valor ambiental.

 

Fuente: La Jornada

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