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Tegucigalpa. Un motín en la principal cárcel de mujeres de Honduras provocó ayer la muerte de al menos 41 reclusas, la mayoría quemadas, en una tragedia cuya responsabilidad la presidenta Xiomara Castro atribuyó a las pandillas que siembran violencia en el país y suelen tener el control de las prisiones. También se reportó el deceso de reclusas por heridas de bala y apuñaladas en la prisión de Tamara, ubicada unos 50 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, informó Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público. Los equipos forenses que levantaron los cadáveres confirmaron que son 41 fallecidas, declaró Mora a la agencia noticiosa Ap. Castro tuiteó que el “monstruoso asesinato de mujeres fue planificado por maras, a vista y paciencia de autoridades encargadas de la seguridad”. La mandataria dijo que llamará al ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y a la presidenta de la comisión interventora de las cárceles, Julissa Villanueva, a rendir cuentas, y advirtió: tomaré medidas drásticas. El enfrentamiento dejó al menos siete heridas de bala y cuchillo que fueron trasladadas al Hospital Escuela, en Tegucigalpa. Al cierre de esta edición las autoridades no habían informado los detalles sobre el origen o los motivos del enfrentamiento. Según explicaron a medios locales algunas de las lesionadas que llegaron al hospital, el incidente comenzó cuando presas pertenecientes a la pandilla Barrio 18 entraron a uno de los módulos, dispararon contra las demás reclusas y les prendieron fuego. La presidenta de una asociación de familiares de presos, Delma Ordóñez, refirió que en la madrugada se dio un enfrentamiento entre las pandillas rivales Barrio 18 y la Mara Salvatrucha MS-13 en la prisión, donde hay unas 900 internas. El módulo está completamente destruido, fue quemado en su totalidad, aseguró. El siniestro ocurre casi tres meses después de que la presidenta Castro anunció una intervención en los 25 penales del país, debido a la violencia imperante y al autogobierno que ejercen los reclusos en esos centros. Hace medio año se decretó también el estado de excepción en el país para combatir la violencia de las pandillas y el crimen organizado, lo que generó temores de que se apliquen aquí las medidas del mandatario salvadoreño, Salvador Bukele, rechazadas por la Organización de Naciones Unidas y grupos defensores de los derechos humanos. Decenas de familiares nerviosos y furiosos se congregaron afuera de la prisión desde la mañana de ayer, poco después de que estalló el motín. Julissa Villanueva, jefa del sistema penitenciario, sugirió que los disturbios comenzaron debido a los recientes intentos de las autoridades de reprimir las actividades ilícitas dentro de las cárceles y calificó la violencia de ayer de reacción a las medidas que “estamos tomando contra el crimen organizado. No vamos a tolerar actos vandálicos ni irregularidades en esa cárcel. Se autoriza la intervención inmediata con acompañamiento de bomberos, policías, militares y se declara la emergencia, tuiteó. Villanueva fue nombrada en su puesto después de que varios enfrentamientos en cuatro cárceles dejaron en abril pasado un muerto y siete heridos. La también viceministra de Seguridad anunció entonces un plan para controlar las 26 prisiones del país, en las que hay unos 20 mil internos. El plan incluye un desarme real a través de registros manuales y electrónicos permanentes en 100 por ciento de las instalaciones y el bloqueo total de la señal telefónica para que los reos no puedan dirigir acciones criminales desde las cárceles. El peor desastre carcelario en un siglo también ocurrió en Honduras, en 2012 en la penitenciaría de Comayagua, donde 361 reclusos murieron en un incendio posiblemente causado por un cigarro o similar. En años recientes han ocurrido motines, pero por lo regular en cárceles de hombres.

El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, afirmó ayer que si (su secretario general, Jens) Stoltenberg de nueva cuenta dice que la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) está en contra de congelar el conflicto de Ucrania, entonces quiere guerra. Agregó: pues que combata entonces. Nosotros estamos preparados.

Stoltenberg, en una entrevista publicada el domingo por el periódico alemán Welt am Sontagg, afirmó que todos queremos que esta guerra termine, pero para que haya paz duradera debe ser justa. No puede significar congelar el conflicto y aceptar un acuerdo dictado por Rusia. Sólo Ucrania puede definir los términos que son aceptables.

Precisó Lavrov: “hace tiempo entendimos cuál es el verdadero objeti-vo de la OTAN en Ucrania. (…) Mientras aseguran que no están en guerra con Rusia, hacen exactamente eso, al reconocer que, sin llenar de armas el régimen ucranio, sin darle información de inteligencia ni imágenes de satélite, las hostilidades en Ucrania ya habrían terminado. Y de hecho están admitiendo que forman parte de las guerras ‘caliente’ e híbrida que se han declarado contra Rusia”.

Lavrov respondió a Stoltenberg tras reunirse en Minsk con el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, quien recibió a los cancilleres de Armenia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, países que junto con Bielorrusia integran la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), los cuales celebraron en la capital bielorrusa su reunión regular en turno.

Ante sus colegas, Lavrov acusó a Estados Unidos y sus aliados de intentar dividir a los miembros de las alianzas en las que participa Rusia, como –además de la OTSC– son la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), formada también por China, India, Pakistán y 4 países postsoviéticos, y los BRICS, foro que integra junto con Brasil, China, India y Sudáfrica.

Para Occidente la OTSC, al igual que la OCS y los BRICS, son un peligro para su dominio en el ámbito internacional. Porque Estados Unidos y sus aliados los considera centros emergentes de un futuro orden mundial multipolar y, en ese sentido, ven una amenaza directa a sus intereses, su hegemonía, subrayó el jefe de la diplomacia rusa.

Según Lavrov, todos los participantes en la reunión estuvieron de acuerdo en que es necesario resistir la presión de Occidente, que recurre cada vez más a acciones desesperadas y agresivas, así como cumplir plenamente sus obligaciones como aliados, además de fortalecer la solidaridad entre ellos.

Lukashenko, citado por la agencia noticiosa oficial Belta, exhortó a los cancilleres a resolver los problemas pendientes al interior de esta alianza militar possoviética, en primer término la disputa territorial entre Kirguistán y Tayikistán.

Hay que poner en la agenda estas controversias y resolverlas. Si contribuimos a arreglar el conflicto fronterizo entre Kirguistán y Tayikistán, la gente dejará de morir y estos países siempre estarán agradecidos con nosotros, expresó el presidente bielorruso.

Leyes adoptadas al vapor

La Duma, o cámara baja del Parlamento ruso, aprobó ayer, en segunda, tercera y definitiva instancias, una norma que, en periodos de movilización, ley marcial y situación de guerra, permite servir en el ejército por contrato a quienes cumplen condena en las cárceles o tienen limitaciones físicas parciales.

Con esto se legaliza, aunque post factum, la contratación de decenas de miles de prisioneros por parte de las llamadas compañías militares privadas, eufemismo de batallones de mercenarios como el grupo Wagner, prohibidos por la Constitución, que prefieren arriesgar la vida en unidades de asalto con la esperanza de sobrevivir seis meses, ganar algo de dinero y quedar en libertad mediante un indulto presidencial.

Además, otra ley adoptada ayer exime de responsabilidad penal por delitos tipificados como de leve y mediana gravedad a todos los rusos que combaten en Ucrania en calidad de militares por contrato o de reservistas llamados a filas.

Estas leyes, que aún deberán ser aprobadas por el Consejo de la Fede-ración o Senado y promulgadas por el presidente Vladimir Putin, excluyen a los condenados por violación, terrorismo, atentados, alta traición y espionaje delitos catalogados graves.

A partir de ahora, los diputados decidieron que incumplir la ley marcial –hasta ahora vigente sólo en las cuatro regiones ucranias anexionadas por Rusia en septiembre pasado y que el Kremlin asegura no tener la intención de declarar en todo el país– supondrá, en casos que no se consideren delitos penales, multas simbólicas de 500 a mil rublos (de 100 a 200 pesos) hasta 30 días de privación de libertad. Y si la infracción se comete con un vehículo, éste podría ser confiscado y su dueño, además, tendría que pagar la multa.

Y en medio de la ofensiva ucrania, la Duma aprobó crear una zona de libre comercio en las regiones de Donietsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, anexionadas por Rusia, para crear condiciones más favorables para estimular las inversiones a largo plazo en la economía de estas nuevas entidades de la Federación Rusa, en palabras de la legisladora oficialista Nadiezhda Shkolkina, quien presentó el proyecto de ley a sus compañeros de Cámara.

Fuente: La Jornada

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