Washington y Nueva York., El presidente Joe Biden enfrenta un creciente coro de críticos en el Congreso, personal de su administración, agrupaciones de derechos humanos y los medios de comunicación por su apoyo incondicional a la guerra del gobierno israelí en Gaza, y en particular por el suministro constante de bombas estadunidenses causantes de la creciente tasa mortal de palestinos.

El frecuente uso de Israel de armas muy grandes en zonas urbanas densas, incluidas bombas de 2 mil libras fabricadas en Estados Unidos que pueden aplastar una torre de departamentos, es sorprendente, coincidieron expertos en entrevistas con el New York Times en su nota principal de su edición dominical. Funcionarios estadunidenses calculan que 90 por ciento de las municiones empleadas por Israel en Gaza durante las primeras dos semanas de su guerra eran bombas de entre mil y 2 mil libras. El rotativo señala que el ritmo de muerte durante la campaña de Israel tiene pocos precedentes en este siglo.

El Times calcula que la ofensiva israelí ha matado a 10 mil mujeres y niños en Gaza, cifra que, según expertos citados en el reportaje, es mayor al total de mujeres y niños que han muerto en dos años de la guerra en Ucrania.

En declaración a La Jornada, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos, Paul O’Brien, dijo que las fuerzas israelíes han demostrado un impactante desprecio por las vidas civiles. Han pulverizado calles y más calles de edificios residenciales matando a civiles a una escala masiva y destruyendo infraestructura esencial. Estos ataques ilegales, incluyendo los ataques indiscriminados que causan bajas civiles masivas, deben ser investigados como crímenes de guerra.

A pesar de todo esto, la Casa Blanca ha optado por enfocarse sobre la pausa humanitaria que fue ampliada ayer por la tarde, con Biden, en una declaración, afirmando que su país ha encabezado la respuesta humanitaria en Gaza. John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, agregó que el presidente no desea ver más civiles inocentes asesinados o heridos en el conflicto en Gaza, e insistió en que Estados Unidos está instando a los israelíes a que cuando reinicien sus ataques en la zona, lo hagan de la manera más discreta, deliberada, cuidadosa y cautelosa posible.

Las armas llegan casi a diario

Pero detrás del escenario, el gobierno de Biden está apresurando la entrega a Israel de más bombas y otras municiones, incluidos misiles Hellfire que se han estado empleando en Gaza, e instando al Congreso a suspender las restricciones sobre el suministro de armas, reporta Bloomberg News. Las armas llegan casi a diario a Israel, informó un oficial del Pentágono al medio.

Amnistía Internacional está llamando a que Estados Unidos suspenda de inmediato el suministro, venta o traslado directo e indirecto de toda arma, municiones y otro equipo militar y de seguridad al gobierno israelí, informó una vocera de la organización a La Jornada. Agregó que el gobierno debe dejar claro que Estados Unidos no tolerará la perpetuación de crímenes de guerra o de lesa humanidad con armas que ha otorgado al gobierno israelí, incluyendo la matanza indiscriminada de civiles y el uso de infraestructura civil como objetivo.

La semana pasada, las diputadas federales Ilhan Omar, Rashida Tlaib (la única palestina-estadunidense en el Congreso) y Alexandria Ocasio-Cortez se sumaron a otros dos colegas para presentar una resolución legislativa que frenaría la entrega de bombas dirigidas adicionales que Israel está empleando en Gaza. La resolución está apoyada por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Comité Antidiscriminacion Árabe-Estadunidense junto con decenas de otros grupos religiosos y comunitarios, pero es poco probable que logre ser aprobada en el Congreso, donde una mayoría tanto de demócratas como de republicanos ofrecen en gran medida apoyo incondicional a Israel, o por lo menos no se atreven a desafiar ese consenso de la cúpula política.

Pero ese silencio político no logra ocultar una creciente disidencia y hasta oposición abierta dentro del propio gobierno estadunidense, incluyendo del personal que trabaja para la administración de Biden, exigiendo que diga lo que se está haciendo para limitar las bajas civiles y declare cuál es su estrategia de largo plazo en la región. Un grupo de 20 funcionarios se reunió con el jefe del gabinete este mes para expresar su alarma por la actual política del presidente, donde se les repitió la justificación de que Biden no está criticando públicamente a Israel para poder tener más influencia en privado, reportó el Washington Post.

Pero al elevarse la tasa de muerte en Gaza, las justificaciones dejan de convencer a los disidentes internos, y tal como ha reportado La Jornada, entre otros medios, más de mil funcionarios han firmado declaraciones internas expresando su oposición a la política oficial de apoyo incondicional de la guerra de Israel en Gaza. El Washington Post reporta que funcionarios árabe-estadunidenses dentro del gobierno sienten presión de sus comunidades para renunciar a sus puestos en el gobierno de Biden como resultado de la política actual.

A la vez, algunas agrupaciones judías y por lo menos una coalición de pastores afroestadunidenses han presionado al gobierno de Biden en reuniones privadas para apoyar un alto el fuego.

Más aún, se sigue reportando que Biden se está arriesgando a perder el voto de sectores árabe-estadunidenses y musulmanes en estados claves en la elección presidencial del año entrante por su política en torno a la guerra de Israel en Gaza. Y no son los únicos.

Una encuesta reciente de NBC News registró que 70 por ciento de los votantes jóvenes, de entre 18 a 34 años, desaprueba el manejo de Biden sobre la guerra en Gaza. Y aunque Biden y la mayoría de los legisladores de ambos partidos se niegan a frenar la guerra, 68 por ciento de los votantes de todas edades apoya un alto el fuego, según un sondeo de Reuters.

Las imágenes de destrucción masiva de Gaza lograda con bombas estadunidenses no serán borradas fácilmente de las mentes de muchos votantes.

Fuente: La Jornada

Foto: La Jornada