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La justicia dicta segunda medida cautelar contra el decreto de Milei

En el Congreso buscan apartar al bloque peronista para avalar el DNU.

Buenos Aires., La Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo dictó ayer otra medida cautelar, solicitada esta vez por la Central Argentina de Trabajadores (CTA), para detener las medidas que afectan las leyes constitucionales con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del gobierno ultraderechista del presidente Javier Milei, el cual trata de imponer una reforma laboral que anula derechos adquiridos a lo largo de años de lucha.

En este caso actuó el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico, quien aceptó el planteamiento de las partes, pero sostuvo que no se tramitará como amparo colectivo, lo que significa que las causas laborales que pararon el DNU seguirán en manos de la Justicia del Trabajo, contradiciendo lo que pedía el gobierno de Milei de que la causa se destinara al fuero contencioso administrativo.

La sala de feria que actuó en este caso está integrada por los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, lo que significa un nuevo revés judicial, que alienta a las más de 20 demandas presentadas en distintos ámbitos de la sociedad argentina.

El fallo admite los argumentos constitucionales de ambas centrales sindicales, con la advertencia de que el DNU puede aumentar los riesgos de un conflicto social de grandes dimensiones.

En tanto, los dirigentes sindicales de transportes públicos y ferroviarios anunciaron que se unirán al paro y la movilización del 24 de enero, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y acompañado por centrales y gremios de asalariados, mientras la Corte Suprema de Justicia, pese a la magnitud de la situación creada por el DNU, se desentendió de resolver sobre la inconstitucionalidad del decreto, que tiene ya varios frentes de tormenta por las desregularizaciones en diversos sectores, y decidió que se hará cargo el último día de este mes.

Lo importante de las decisiones judiciales, de declarar la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para estas causas que amparan a los trabajadores, resulta un duro revés contra el DNU, y los intentos de la presidencia de tratar de llevar el asunto ante lo contencioso administrativo, que maneja el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, uno de los magistrados de la Corte Suprema que permitieron al ex presidente Carlos Menem (1989-1999) privatizar empresas y, algo que ningún país aceptaría: avaló la desaparición de los ferrocarriles, con una red que abarcaba todo el país.

La justicia del trabajo estimó que era urgente responder al tan cuestionado DNU 70/23, que ya entró en vigencia, pues configura un peligro social en momentos en que se prepara un paro nacional y la gran marcha el próximo día 24.

Con estas decisiones se actúa bajo “la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia laboral, y se considera que el menoscabo a las conquistas sindicales y de los trabajadores en lo individual indica que el camino judicial no le corresponde al fuero contencioso administrativo, como señalan los magistrados.

No se trata meramente de temas económicos, sino que se alega la grave vulneración de derechos humanos fundamentales expresamente consagrados en los artículos 14, 16 y 75 de la Constitución Nacional, dice el escrito judicial de nueve páginas.

Fuentes relacionadas expresaron que el magistrado, además, desarmó el amparo colectivo que inició el Observatorio del Derecho a la Ciudad, en el que se sumaban las distintas demandas contra el DNU, y entendió que cada expediente debe tramitarse por separado, por lo que se abren más posibilidades de que sea declarado inconstitucional, indicaron a Infobae.

La revisión de las 82 páginas del DNU en el Congreso nacional derivó ayer en muchas situaciones irregulares, como la autoproclamación del derechista José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es estratégica y tratará, junto con las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Relaciones Exteriores y Culto la ley ómnibus que el Poder Ejecutivo envió la semana pasada al Legislativo.

Espert es el mismo que propuso cárcel o balas para la diputada Myriam Bregman, del izquierdista Frente. De lo que se trató este día es de apartar al bloque peronista de Unión por la Patria, que tiene el mayor número de diputados y que acompaña en estos momentos la izquierda local, para que no figure en las comisiones que debatirán el DNU.

No se evitaron malas maniobras ni violencia, cómo fue cortar el micrófono para impedir hablar a los diputados que intentaban que el tema del DNU se debatiera a fondo.

En tanto, los cinco gobernadores de diversos partidos SergioTorres, de Chubut; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de Neuquén, Rolando Figueroa, coincidieron en que las medidas propuestas por el decreto afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, al abrir el acceso del mar argentino a buques extranjeros, eliminando la obligatoriedad de descargar en los puertos argentinos, permitir la competencia desigual en los cupos de captura y, finalmente, la eliminación del requisito de contratar personal de nacionalidad argentina.

Protestas sin cesar

Las protestas antigubernamentales no pararon y ayer diversos sectores del ámbito de la cultura convocaron a una intervención artística participativa y abierta frente al Congreso de la Nación, bajo la consigna Subite al colectivo antiómnibus, en repudio al DNU, que, entre otros puntos, pretende cerrar reconocidas instituciones, como el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro, además de desfinanciar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de la Música y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.

Todo esto sucede ante un gravísimo deterioro de la situación social, cuando no sólo no se llega a fin de mes, sino que no se llega a 15 días, afectados por los aumentos de cada día y crece el número de personas en situación de calle y la desesperación de los inquilinos que no pueden hacer frente a las nuevas medidas, y también a los jubilados. La situación social se agrava día tras día.

 

Fuente: La Jornada

Foto: La Jornada

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