Este jueves fue desechado el amparo promovido por el juez Crescencio Contreras Martínez contra la solicitud de juicio político que la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó en su contra ante la Cámara de Diputados, acusándolo de favorecer con sus resoluciones a integrantes de grupos criminales.
La titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, indicó que su decisión se basó en que el amparo sólo procede contra actos de imposible reparación, considerando también que las resoluciones del Congreso que emanen de un juicio político son inatacables, como lo estipula la ley de amparo en el 61 y 107.
“La razón que se expone, en relación con los actos reclamados consistentes en la orden y presentación de la denuncia para juicio político ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación en contra del promovente del 30 de enero de 2024, atribuidos al presidente Constitución al de los Estados Unidos Mexicanos y a la Secretaría de Gobernación de acuerdo con lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción III, inciso b), de la ley de amparo, se desecha parcialmente por improcedente la demanda”, se lee en la sentencia.
Por otra parte, la jueza concedió a Contreras Martínez una suspensión provisional para que el presidente Andrés Manuel López Obrador evite hablar de él durante sus conferencias, programando audiencia para el 28 de febrero en la que decidirá si se concede la medida de forma definitiva.
Contreras Martínez es juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Tamaulipas.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Segob, acusó que el grupo criminal al que habría favorecido el juez Crescencio Contreras está presuntamente vinculado con el secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas, el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.
La Secretaría de Gobernación aseguró que las decisiones del juez no han sido apegadas a los principios constitucionales y legales, “debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público”.
La demanda de juicio político se debe presentar ante la Cámara de Diputados, que actuará como órgano de acusación, y en caso de avanzar, se presentará al Senado para que emita una sentencia.
Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, el servidor público podrá ser sancionado con la destitución, o bien, se le podrá imponer la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público por hasta 20 años.
Fuente: Latinus
Foto: Latinus
