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Entrega de cuerpos o restos mortales debe respetar la ley y la familia.

• La Comisión Especial condena enérgicamente la actuación de servidores públicos de la Sub Unidad Integral en Las Choapas.

La Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado manifestó su postura respecto a la entrega de los cuerpos o restos mortales de personas desaparecidas, la cual, señala, “debe realizarse en condiciones dignas, de conformidad con las normas y costumbres de las víctimas, respetando siempre que se trata de restos mortales de una persona y no de objetos”.

Las diputadas integrantes de esta Comisión Especial reconocieron que la restitución debe proveer los medios y procedimientos necesarios para una sepultura digna de acuerdo con los deseos de las familias; inclusive, cuando resulte necesario y la familia así lo desee, el Estado tiene el deber de cubrir los gastos de traslado del cuerpo o de los restos mortales al lugar que determinen los familiares para la sepultura. Refirieron que así lo mandata el marco normativo internacional y nacional vigente en la materia y así debe ser observado por todas las instituciones y sus autoridades.

En virtud de esto, la Comisión Especial condenó enérgicamente la actuación de servidores públicos de la Sub Unidad Integral en Las Choapas, Veracruz, perteneciente a la Fiscalía Regional Zona Sur-Coatzacoalcos, específicamente de Alberto Vicente Torres Rivera y Lenin Juárez Jiménez, encargado y fiscal de dicha Sub Unidad respectivamente, quienes, el sábado 27 de marzo de 2021, entregaron los restos mortales de Eladio Aguirre Chable a su familia, en condiciones que notoriamente violentan los principios y las normas jurídicas aplicables en la materia. La entrega de los restos de la víctima a su madre en una bolsa plástica sin sellar es indigna, cruel e inhumana, señala la Comisión.

Añade que los derechos de las víctimas directas e indirectas del delito de desaparición forzada de persona y de la cometida por particulares se encuentran claramente consignados en instrumentos internacionales, así como en las leyes nacionales y locales. Es deber de las y los servidores públicos protegerlos y velar por su garantía, evitar en todo momento actos de revictimización y ofrecer un trato digno, justo y empático.

Las diputadas Elizabeth Cervantes de la Cruz, presidenta; Rosalinda Galindo Silva, secretaria; Erika Ayala Ríos, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Deysi Juan Antonio, Magaly Armenta Oliveros y Mónica Robles Barajas, vocales de la referida comisión, reconocieron las acciones emprendidas inmediatamente por la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, quien instruyó una investigación sobre los hechos suscitadas en la Sub Unidad Integral en Las Choapas, con la finalidad de aplicar las medidas correctivas y sancionatorias que resulten procedentes.

La Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado reiteró su total respaldo a la familia Aguirre Chable, con el compromiso de mantenerse al pendiente del curso de las acciones emprendidas por la Fiscalía General del Estado en este caso concreto. De igual manera, refrendó su compromiso con las y los familiares de personas desaparecidas, con la tarea de garantizarles el respeto irrestricto a sus derechos y a su dignidad humana.

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