La Comisión Europea está decidida a descontar de los pagos presupuestarios que le correspondería recibir a Polonia el importe de las multas a las que este país ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Justicia y que ascienden a más de un millón y medio de euros diarios. El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha declarado en una entrevista al diario belga ‘Le Soir’ que para que las sanciones sean más graves se necesita el acuerdo del Consejo Europeo, es decir, de los demás países, lo que no ha sucedido nunca si el objetivo es sancionar a uno de ellos.
«Polonia tendrá que hacer lo que se le pide [eliminar la cámara disciplinaria que controla el trabajo de los jueces] o pagar las sanciones. Y si los polacos no pagan, los fondos tendrán que ser retenidos de su financiación europea. «Eso es bastante fácil de implementar», afirma el comisario.
Sin embargo, en una alusión a la demanda que ha introducido el Parlamento contra la Comisión porque considera que no hacen lo bastante para hacer cumplir las reglas europeas al Gobierno polaco, Reynders señala claramente que la llave no la tiene el Ejecutivo comunitario, sino el Consejo, donde están reunidos los gobiernos de los distintos países miembros. «Otra vía –dice Reynders– es acudir al Consejo y lo que tenemos que hacer en algún momento es convencer al Consejo de que adopte ya una posición. O sobre el artículo 7, donde sabemos que las mayorías son complicadas [cuatro quintas partes de los 27 países miembros primero, es decir 24 votos para iniciar el procedimiento y unanimidad de todos los países exceptuando aquel que está siendo señalado para aplicar sanciones] o sobre la condicionalidad, que requiere una mayoría cualificada [55% de los votos de los países, que computan cada uno según sus dimensiones, siempre que representen a 15 países y sumen al menos el 65% de la población de la UE]. «La ruta legal está ahí», asegura el titular europeo de Justicia, que se muestra decidido a volver al Tribunal en caso de que fuera necesario.
El papel de Bélgica
El despeje de la Comisión, enviando el asunto polaco a la responsabilidad del Consejo, tiene que ver, sin duda, con el hecho de que el Parlamento haya iniciado esta extraña maniobra de denuncia ante la Justicia europea a la Comisión por no aplicar el mecanismo de condicionalidad, sabiendo que está impugnado ante el mismo tribunal por parte del Gobierno polaco y que aunque sea confirmada su legalidad, su aplicación requiere también la anuencia por parte de una mayoría clara de los demás países.
El único gobierno que ha puesto las cartas sobre la mesa ha sido el del Bélgica, cuyo primer ministro, Alexander De Croo, había acusado al Gobierno polaco de «tomar a la UE por un cajero automático» y preocuparse solo de recibir fondos sin aceptar cumplir las obligaciones de ser miembro. El Gobierno polaco ha llamado al embajador belga a consultas, un gesto diplomático completamente inédito entre miembros de la UE.
Fuente: ABC.
