El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, criticó que la Cámara de Diputados le haya quitado 3 mil millones de pesos al Poder Judicial de la Federación en el proyecto de presupuesto de egresos para 2022.
En conferencia, el titular del Poder Judicial federal aclaró, primero, que no se trata de un recorte presupuestal, sino una “falta de asignación” de recursos que se solicitaron para cumplir con la tercera etapa de la reforma de justicia laboral.
“De verdad que yo no alcanzo a entender qué razones pudieron tener quienes dictaminaron el presupuesto para no considerar esencial o relevante algo que es una obligación constitucional, implica llevar justicia social a millones de trabajadores mexicanos, implica cumplir con compromisos internacionales de México que de no cumplirse pueden generarse consecuencias muy desfavorables, y está de por medio la reactivación económica de México”, enfatizó.
El también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) hizo un llamado a los legisladores para reconsiderar esta situación, pues, dijo, de no asignarse estos recursos se compromete y se pone en riesgo el cumplimiento de esta reforma de justicia laborar.
“Yo hago una exhortación respetuosa para que se pueda ponderar esta situación. Para que los beneficios lleguen a la gente más pobre de este país no podemos poner en riesgo la reactivación económica ni la justicia social”, subrayó.
El ministro Zaldívar dijo que de mantenerse esta situación y no asignarse al Poder Judicial federal estos recursos, no generarán “ningún problema en materia de presupuesto. “Aceptaremos y respetaremos la decisión de la Cámara de Diputados”, aseveró.
“Estos 3 mil millones de pesos adicionales, aun cuando se otorgaran al Poder Judicial Federal significaría que estaríamos ejerciendo un gasto 4 mil millones de pesos menos que el que se ejerció en 2018”, abundó.
El titular del Poder Judicial federal reconoció que esta tercera etapa de la reforma de justicia laboral “es de un costo muy elevado”, pues es la más grande de todas e implica construir 77 tribunales en 17 sedes en 11 entidades, incluyendo las tres ciudades más importantes del país: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
Fuente: Milenio.
