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La Comisión quiere competencias europeas para cerrar las fronteras exteriores en una pandemia.

El mantra en Bruselas dice que se puede debatir de cualquier cosa pero que hay, o debería haber, tres cosas sagradas: el mercado interior, la moneda única y Schengen. Cada una ha tenido sus crisis, pero desde hace más de un lustro lo que está permanentemente en la diana es el espacio de libre circulación, tras la tormenta política por la llegada de refugiados, los atentados terroristas, los movimientos migratorios, las disputas fronterizas y, más recientemente, las medidas contra la pandemia.

Este martes la Comisión Europea ha presentado una propuesta para actualizar las normas actuales y «reforzar la gobernanza del espacio Schengen», buscando una «mayor coordinación de la UE y una mayor flexibilidad para los Estados miembros a la hora de gestionar tanto la frontera exterior común como las fronteras interiores». El equipo de Ursula von der Leyen asegura que la actualización «pretende garantizar que el restablecimiento de los controles en las fronteras interiores siga siendo una medida de último recurso», pero dado que constata que las capitales tienen el gatillo fácil, espera por lo menos poder regularlo mejor.

La propuesta tiene una dimensión interior y una exterior. Por un lado, la Comisión, como es habitual, cree que la respuesta a los problemas es dotarse de más competencias, y por eso aspira, con las lecciones del Covid, a tener la iniciativa para por ejemplo cerrar de forma centralizada las fronteras exteriores por razones sanitarias. El mejor ejemplo es lo sucedido recientemente con la variante Omicron. Von der Leyen hizo la sugerencia de cortar los vuelos desde Sudáfrica, pero la decisión es individual, de cada país. Las capitales se reunieron de urgencia en el mecanismo creado para ello y se aprobó que todos prohibirán los vuelos desde varios países africanos. Algunos en Bruselas quieren que sea la Comisión la que proponga y que el Consejo pueda tomar una decisión más rápida para que no haya diferencias o discrepancias, como las que se está viendo ahora cuando determinados países (Portugal, Irlanda y hoy mismos Italia) deciden imponer medidas como una cuarentena obligatoria a los no vacunados o un test PCR obligatorio incluso a los que tienen ya las dos dosis.

La segunda dimensión, la interior, era la que preocupaba y mucho en Madrid, Roma o Atenas. España sabía que iba a estar en contra y que no le iba a gustar, porque la presión está ahora claramente del lado de quienes buscar impedir los llamados movimientos secundarios, es decir, los desplazamientos de quienes llegan a la UE desde fuera y en medio de su proceso de demanda de asilo (o incluso sin eso) quieren seguir moviéndose para llegar a otros Estados miembros. En los últimos años ha sido tradicional que muchos llegaran a Europa por España pero siguieran hacia Francia o que los llegados a Grecia intentaran terminar en Alemania o Suecia a través de los Balcanes.

Los países Mediterráneos, que se han sentido históricamente abandonados y que muchas veces han mirado para otro lado cuando miles de personas se desplazaban irregularmente al no poder gestionar cientos de miles de peticiones, temían que la Comisión propusiera dar carta blanca a los gobiernos para imponer controles fronterizos para cortar de raíz esos movimientos secundarios. Se va hacia algo así, pero con menos manga ancha.

En Bruselas se ha generado cierto ruido porque uno de los artículos de la propuesta, el 25, recoge en su enunciado que un Estado miembro podría «reinstaurar, de forma excepcional, controles fronterizos» si además de algunas de las causas que ya se contemplaban, como terrorismo, crimen organizado o grandes eventos políticos y deportivos (es muy habitual una suspensión temporal de Schengen en Mundiales de fútbol, Cumbres políticas, G7, etc) , se registran «movimientos no autorizados y a gran escala de nacionales de terceros países que pongan en riesgo el funcionamiento de las áreas sin control».

El código, de ser aprobado, permitiría esos controles, pero la realidad es que eso lleva ocurriendo desde hace años. Muchos países apelaron a riesgos a la seguridad nacional, o por cuestiones sanitarias, para cerrar fronteras que llevaban décadas abiertas para frenar las caravanas de demandantes de asilo, o para prohibir de forma unilateral los viajes no esenciales durante 2020 por la pandemia. Esto es dar respaldo legal a lo que ya se hacía, pero Von der Leyen y su equipo aspiran a que al menos se logre una mayor transparencia que hasta la fecha, cuando ocurría en todo caso pero sin claridad en las devoluciones, con fricciones entre vecinos y denuncias de abusos constantes y violación de los derechos más básicos.

Las normas también contemplan un mecanismo de salvaguardia en caso de amenazas que afecten a la mayoría de los Estados. Mediante el mismo, que complementa el existente para deficiencias en las fronteras exteriores, «los controles en las fronteras interiores en la mayoría de los Estados miembros podrían autorizarse mediante una decisión del Consejo en caso de amenaza común. «La pandemia ha demostrado muy claramente que el espacio Schengen es clave para nuestras economías y sociedades. Mediante nuestras propuestas de hoy velaremos por que los controles fronterizos se introduzcan como último recurso, sobre la base de una evaluación común y solo durante el tiempo que sea necesario», ha explicado la comisaria de Interior Ylva Johansson.

La Comisión pretende definir con esta propuesta los procedimientos, pero los últimos años han mostrado que la aplicación no es rigurosa. El espíritu es que medidas como cerrar fronteras a la libre circulación deben ser de último recurso, y durante poco tiempo, pero algunos países las han dejado años en vigor. Hoy, el Estado miembro que decida restablecer los controles simplemente debe evaluar la idoneidad del restablecimiento y su efecto «probable en la libre circulación de personas», pero con las nuevas normas, si los 27 dan el visto bueno, se debería evaluar también el efecto en las regiones fronterizas. Además, el Estado miembro que estudie la posibilidad de prolongar los controles en respuesta a amenazas previsibles «deberá valorar en primer lugar si los controles podrían sustituirse por medidas alternativas, tales como controles policiales específicos y una mayor cooperación policial. Deberá presentarse una evaluación del riesgo en el caso de las prórrogas superiores a seis meses. Cuando los controles internos hayan estado en vigor durante dieciocho meses, la Comisión tendrá que emitir un dictamen sobre su proporcionalidad y necesidad. En todos los casos, los controles fronterizos temporales no deberán superar una duración total de dos años, salvo en circunstancias muy específicas», dice el texto, lo suficientemente.

Ahora corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo examinar y adoptar ambas propuestas. Se espera una negociación intensa porque las posiciones son dispares. Primero el Consejo tiene que fijar la suya, y será delicado porque la visión de los países que tienen fronteras exteriores y la de quienes reciben los movimientos secundarios son divergentes y a menudo incluso irreconciliables. Pero luego además el Parlamento, más garantista en este debate y preocupado por la libre circulación por encima de lo demás, será más agresivo para intentar reducir los supuestos y demandar que las razones para esas medidas de último recurso estén todavía más acotadas.

Fuente: El Mundo.

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