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La Presidencia encargada continuará el desafío contra Maduro tras la fuerte discusión interna.

Juan Guaidó salió triunfante de la primera batalla política en el seno de la oposición, al ratificar ayer la Asamblea Nacional (AN) la continuidad durante 2022 de la Presidencia encargada, de la Comisión Delegada (conformada por 33 diputados) y del propio Parlamento. De lo que suceda en las sesiones extraordinarias que prosiguen el próximo jueves dependerá cuáles son las herramientas de las que disponga el presidente encargado para continuar su desafío al régimen bolivariano. La pretensión de sus detractores es reducirle al mínimo sus competencias tras fracasar la operación política para desaparecer la Presidencia encargada.

«Fundamental el respaldo a la continuidad constitucional. Es una medida en defensa de la Constitución y clave para proteger a los venezolanos y a la República. Las pretensiones de la dictadura para dividir a la alternativa democrática nuevamente fueron derrotadas», clamó Guaidó tras conocerse el resultado de la sesión, en la que incluso sus detractores votaron a favor de reformar el estatuto de la transición.

El frente anti Guaidó, encabezado por Julio Borges, coordinador de Primero Justicia (PJ), y Henrique Capriles, ex candidato presidencial y principal partidario del regreso a la lucha electoral, impuso una serie de limitaciones iniciales en el primer documento aprobado ayer, que se deben de ratificar en las siguientes sesiones extraordinarias. Tanto PJ como el resto del G-4 votó a favor, con la única abstención del diputado Sergio Vergara, de Voluntad Popular (VP), quien denunció la vulneración de la separación de poderes y el debilitamiento del Ejecutivo.

En contra, sin ambages, se ha situado el frente radical de la derechista María Corina Machado, quien aseguró que la ruta de la Presidencia encargada se agotó. «La decisión correcta. Ahora a la revisión, consulta y debate para que la versión final esté ajustada a la Constitución y necesidades del país», subrayó por su lado Freddy Guevara, diputado de VP.

Los partidos que componen el G-4 son PJ, en el que Borges y Capriles han encontrado un fuerte rechazo entre los grupos más progresistas de la formación centrista; Acción Democrática (AD), que busca quitarse de encima la intervención gubernamental que ha entregado sus siglas a dirigentes colaboracionistas del gobierno; Un Nuevo Tiempo (UNT), que ha recuperado fortaleza política con el triunfo de su líder, Manuel Rosales, en el estado petrolero del Zulia, pero que a su vez intenta mantener buenas relaciones con Maduro; y VP, el partido del ex prisionero político Leopoldo López.

Este consenso se romperá en las próximas horas durante la discusión de cada uno de los puntos. El forcejeo atañe a la división de los poderes, competencias y control, incluso el tamaño y la burocracia del interinato. En su lucha por liderar a la oposición, el frente anti Guaidó pretende reducir al presidente encargado incluso en sus competencias internacionales, así como en la defensa de los activos congelados en el exterior.

«Es inaceptable que se pretendan limitar las competencias de la Presidencia encargada», acusó la diputada Delsa Solórzano, al frente de Encuentro Ciudadano, quien teme que los detractores se aprovechen de su «mayoría circunstancial» en la Comisión Delegada para imponer sus tesis.

Los partidos opositores que no forman parte del G-4, y que se han transformado en los principales defensores del interinato, también se abstuvieron, como adelantó Solórzano, pese a estar de acuerdo con la continuidad. La Causa Radical y Encuentro Ciudadano han denunciado en las últimas horas el intento del G-4 de «dejar en vida vegetal» a Guaidó con el objetivo de «seguir dándole fuerza a la normalización y a la cohabitación con Maduro», expresó Andrés Velásquez, líder de La Causa R.

El propio Guaidó presentará al país una serie de propuestas con «observaciones de diversas fuerzas políticas y expertos sobre la reforma al Estatuto para la Transición.

Fuente: BBC NEWS.

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