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Rusia ilegaliza Memorial, la ONG que investiga los crímenes de Stalin.

Treinta años después del fin de la Unión Soviética, Rusia desmantela la organización que se había dedicado a explorar sus historias más oscuras. La Corte Suprema de Rusia ha dado orden de disolver la ONG de derechos humanos Memorial, catalogada en Rusia como agente extranjero. Al conocerse la noticia un abogado de Memorial declaró que la demanda tenía motivaciones políticas, confirmando que apelará la decisión tanto en Rusia como en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Gran parte del trabajo de Memorial se ha centrado en documentar las represiones llevadas a cabo por los cuerpos de seguridad soviéticos, incluido el KGB, donde Vladimir Putin una vez sirvió como agente y que terminaría dirigiendo tras transformarse en el FSB con el fin de la URSS.

Memorial fue creada por importantes disidentes en los últimos años de la Unión Soviética. Desde el inicio se centró en documentar los crímenes de la era estalinista, pero recientemente, se ha ocupado también del presente, criticando la represión de la oposición bajo el mandato de Putin.

Los fiscales han dicho en particular que Memorial International violó las regulaciones al no marcar todas sus publicaciones, incluidas las publicaciones en las redes sociales, con la etiqueta de ‘agente extranjero’ que exige la ley.Los fiscales incluso les acusaron de tolerar el terrorismo y el extremismo.

El propio Putin señaló este mes que Memorial había defendido organizaciones que Rusia considera extremistas y terroristas. Y que su lista de víctimas de la represión política incluía colaboradores nazis.

La medida culmina un año de represión de los movimientos de oposición y grupos de derechos humanos. El gobierno dice que simplemente está haciendo cumplir las leyes para aplacar el extremismo y proteger al país de la influencia extranjera.

«La corte ordena liquidar la Asociación Internacional histórica, educativa, benéfica y pro derechos humanos Memorial y sus organizaciones estructurales», confirmó el juez a primera hora de la mañana. Desde Memorial han dicho que sus integrantes continuarán su trabajo tras la disolución.

UNA LEY PARA IMPONER EL SILENCIO

Diversas instituciones y ONG internacionales, entre ellas el Consejo de Europa, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han alertado en las últimas semanas de que el cierre de Memorial asestaría a la sociedad civil de Rusia un golpe demoledor. El gobierno ruso se escuda en que la ley debe cumplirse.

La ley rusa sobre organizaciones sin fines de lucro que son a la vez «agentes extranjeros» se aprobó en 2012, con algunas lagunas. A partir de entonces, cualquier ONG designada como «agente extranjero» debía incluir una etiqueta especial en todas sus publicaciones. Los medios de comunicación señalados como «agente extranjero», son requeridos por una orden separada para que incluyan un texto específico en un tamaño de fuente específico en sus contenidos. Pero no se especificaron los requisitos exactos para las ONG. Los abogados de Memorial International también se quejaron ante Roskomnadzor de que no está claro qué cuenta exactamente como el tipo de «material» que debe etiquetarse.

La Asociación Interregional Centro Pro Derechos Humanos Memorial fue incluida en el registro de las ONG que ejercen las funciones de agente extranjero en julio de 2014, según el Ministerio de Justicia de Rusia.

En los años 2015 y 2016 también fueron añadidas a la lista varias organizaciones regionales de Memorial y la asociación Memorial Internacional, con sede en Moscú. En un primer momento, la dirección de la entidad denunció la medida. Pero, después de pagar varias multas, decidieron incluir la etiqueta.

Pero después varias veces Memorial no puso la etiqueta en sus páginas de redes sociales. Su razonamiento fue que estas páginas incluían enlaces a su sitio principal, que tenía la etiqueta requerida. Tampoco incluyó la referencia a ‘agente extranjero’ en varias webs que son sólo bases de datos.

Dos premios Nobel de la Paz rusos, el ex presidente soviético Mijaíl Gorbachov (galardonado en 1990) y el redactor jefe del periódico ‘Novaya Gazeta’, Dimitri Murátov (premiado este año), instaron durante este otoño a la Fiscalía General a retirar su demanda contra Memorial y resolver sus reclamaciones por la vía extrajudicial. En su
llamamiento, Gorbachov y Murátov señalan que la actividad de esta ONG se ha centrado durante décadas en recuperar la memoria de cientos de miles de represaliados durante la era de Stalin para impedir que haya tragedias similares en el futuro.

El mes pasado el Consejo de Europa lamentó el hecho de que la fiscalía rusa se sirva de la ley de agentes extranjeros para desmantelar «una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas y respetables de Rusia». «El cierre de Memorial, uno de los gigantes pro derechos humanos en Rusia, es un nuevo Rubicón que el gobierno ha cruzado en su campaña para sofocar las voces independientes», advirtió Tatiana Lokshina, directora adjunta de Human Rights Watch para Europa y Asia Central, en declaraciones recogidas por Sputnik.

PROCESO CONTRA UN HISTORIADOR
La liquidación de Memorial cierra un año negro para la memoria histórica en Rusia. Este lunes, un tribunal de la república rusa de Carelia dictó 15 años de prisión al historiador Yuri Dimitriev, acusado de abusos sexuales a su hija adoptiva menor de edad, producción de pornografía infantil y posesión ilegal de armas. Según su abogado, el arma de fuego mencionada en el caso no estaba en condiciones de funcionar y Dimitriev tenía permiso para poseerla. El Servicio Europeo de Acción Exterior calificó de políticamente motivada e «inaceptable» la condena.

Dimitriev, de 65 años, encabezaba la oficina local de Memorial. La persecución penal contra él empezó en 2016, luego de que en su computadora se encontraran fotos de su hija adoptiva desnuda, tomadas cuando la menor tenía unos 4 y 7 años de edad. Dimitriev explicó que hizo fotos para registrar el estado de salud de la niña para los servicios sociales pero no fue suficiente para la investigación. La justicia absolvió luego a Dmitriev, pero en 2018 se abrió un nuevo expediente penal por creación de material pedófilo y pornográfico y
por agresiones sexuales a la menor y posesión ilegal de armas. En julio de 2020 el historiador fue declarado culpable de agresiones sexuales y condenado a 3,5 años de prisión. En septiembre del mismo año la Corte Suprema de Carelia aumentó la pena a 13 años y también designó un nuevo abogado para Dimitriev, contra su voluntad, puesto que la defensa que había elegido tuvo que aislarse por coronavirus. El historiador se encuentra en delicado estado de salud, que ha empeorado en la cárcel.

Fuente: El Mundo.

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