Tal como se esperaba, los jueces del Tribunal de Justicia de la UE han avalado el plan de la Comisión Europea para condicionar los beneficios del fondo de recuperación al respeto de los derechos humanos y a los valores fundamentales consagrados por los Tratados. Eso significa que autoriza a las instituciones comunitarias a seguir aplicando este reglamento, en contra del recurso que habían planteado ante el tribunal los gobiernos de Polonia y Hungría.

El reglamento ya estaba en vigor desde el 1 de enero de 2021, pero el Ejecutivo comunitario había acordado con los 27 Estados miembros esperar el dictamen del Tribunal antes de actuar. Ahora esta sentencia clarifica su potestad para congelar el pago de ayudas a cualquier país en el que se constate que se vulnera el Estado de derecho, puesto que ello podría poner en peligro los propios intereses financieros de la UE.

De hecho, esas ayudas están bloqueadas en realidad, debido a que la Comisión no ha siquiera querido terminar el análisis del plan de recuperación de estos países. Los gobiernos de Varsovia y Budapest habían recurrido el mecanismo por entender que estaba dirigido específicamente contra ellos. Ahora, al menos el primer ministro húngaro Viktor Orban ha anunciado que piensa seguir recurriendo por otros medios jurídicos.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se ha felicitado por esta decisión y ha escrito en redes sociales que «el estado de Derecho no es negociable para el Parlamento». La Eurocámara había llegado a denunciar a la Comisión ante los mismos jueces de Luxemburgo por no aplicar el reglamento.

Fuente: ABC.