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Senado ata manos del Tribunal Electoral; acusan vulneración a derechos de las minorías.

CIUDAD DE MÉXICO. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no podrá emitir resoluciones que modifiquen las decisiones de los órganos de gobierno del Congreso de la Unión, como son la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Senado y la Cámara de Diputados, pues el Senado avaló la reforma que impide a las minorías legislativas buscar la protección judicial de sus derechos.

Con 60 votos en favor de Morena, PT, PVEM y PES, 39 votos en contra del PAN, PRI, PRD y del llamado Grupo Plural, y la abstención de la verdeecologista Gabriela Benavides, el pleno del Senado avaló la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para que el Tribunal no pueda cambiar las decisiones del gobierno interno del Legislativo federal.

La reforma establece que no será objeto de impugnación “cuando se pretenda impugnar cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión, su Comisión Permanente o cualquiera de sus Cámaras, emitido por sus órganos de gobierno, como los concernientes a la integración, organización y funcionamiento internos de sus órganos y comisiones legislativas”.

La mayoría pretende decidir sobre los derechos que corresponden a los legisladores de oposición y acotar su derecho a formar parte de los órganos del Congreso y las Cámaras, con el falso argumento de que es una decisión exclusivamente parlamentaria”, aseguró la priista Claudia Ruiz Massieu.

La posición de los priistas en el Senado fue en contra, pese a que los priistas en Diputados la avalaron e, incluso, la promovieron, ya que uno de los autores es el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira.

Dante Delgado, de MC, dijo que “esta reforma, por decir lo menos, es el mayor retroceso que se ha visto en la historia de nuestra transición democrática, porque con ello se busca cancelar los derechos de las transitorias minorías parlamentarias, porque pronto seremos mayoría parlamentaria, que no les quepa duda”.

José Alfredo Botello, del PAN, consideró que “lo que se pretende en este dictamen es violentar el acceso eficaz a la justicia que engloba para los ciudadanos y que ellos dispongan de los recursos judiciales, es decir, de medios legales que resulten idóneos para reclamar la vulneración de alguno de sus derechos”.

Miguel Ángel Mancera, del PRD, planteó que “varios son los que buscan sostener la legalidad de este documento; sin embargo, podemos asegurar que estos argumentos son infundados, son inoperantes y son inconducentes.

Lo cierto es que, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, si se establece la improcedencia de un medio de defensa que permite, hoy, realizar el combate de actos parlamentarios y se elimina de un plumazo, de manera total; hay varias razones por las que se violentan los derechos humanos, como lo hemos sostenido”, dijo.

Pero frente a los argumentos de la oposición, el bloque oficialista sostuvo que la reforma no empodera a las mayorías ni lesiona a las minorías, sino que esclarece que las decisiones internas del Poder Legislativo sólo le competen a él.

Incluso, Geovanna Bañuelos, del PT, fuerza política que ha recurrido al Tribunal para proteger sus derechos de minoría en el Poder Legislativo, argumentó en favor de impedir que el Tribunal altere las decisiones internas del Senado y la Cámara de Diputados.

Debemos puntualizar que el fondo del dictamen es defender la autonomía del Poder Legislativo y la toma de decisiones en función de las reglas establecidas por los propios legisladores. Se trata de un primer paso para que, en las decisiones sobre la organización, funcionamiento y, en sí, la vida misma del Congreso, se respete la soberanía y autonomía de este Poder”, dijo la petista.

La reforma fue enviada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.

TEPJF BAJA COMUNICADO
El Tribunal Electoral confirmó la orden de la Comisión de Quejas al grupo parlamentario de Morena en el Senado, para eliminar de sus plataformas digitales un comunicado que podría constituir propaganda gubernamental en periodo prohibido por el contexto de la revocación de mandato.

En sesión privada, los magistrados consideraron que podría tratarse de propaganda, lo cual violaría el artículo 35 de la Constitución.

El comunicado contiene frases como “seguiremos apoyando los proyectos insignia de la administración de López Obrador, que están generando millones de empleos” y se publicó en la página oficial de la bancada de Morena en el Senado y en su cuenta oficial de Twitter.

Ello, luego de que un ciudadano denunciara al grupo de senadores morenistas por publicar este comunicado.

Fuente: Excélsior.

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