Juan Orlando Hernández, que dejó la presidencia de Honduras a finales de enero, se encuentra desde la semana pasada en una prisión de Manhattan. El jueves 21 de abril un avión de la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, lo trasladó de Tegucigalpa a Nueva York, y al día siguiente compareció ante un juez federal por tres cargos vinculados con el narcotráfico.

Un hermano del expresidente, Tony Hernández, ya fue condenado a cadena perpetua hace un año por la misma Corte, el Distrito Sur de Nueva York, acusado de similares delitos; si las pruebas Juan Orlando Hernández fueran igualmente definitivas, le podría corresponder una sentencia de parecida gravedad. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha dicho que el exmandatario «abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado».

El caso confirma el mayor arraigo de los carteles de narcotráfico en Honduras –y otros puntos de Centroamérica, como Guatemala–, que de ser un corredor de la cocaína que va de Sudamérica a EE.UU. se ha convertido también en país productor de esa droga. Ese proceso, ya señalado por ABC, presuntamente habría ocurrido con la trama organizada o protegida por los Hernández.

Del palacio presidencial a la cárcel
La caída de JOH, como se le conoce en Honduras, ha sido rápida. En pocos días pasó de dormir en el palacio presidencial a hacerlo en la cárcel, de ser la máxima autoridad del país a quedar sujeto a las órdenes de un alguacil y llevar grilletes en pies y manos. No es que no existieran señales sobre un posible enjuiciamiento, pues con motivo de la investigación y juicio de su hermano él ya apareció en los documentos de los fiscales neoyorquinos como persona «de interés», pero cabían algunas dudas.

Barak Obama y Joe Bide, durante la presidencia del primero
Barak Obama y Joe Bide, durante la presidencia del primero – EUTERS
Por un lado, la duda sobre si las pesquisas realmente posibilitarían su detención, y por otro, sobre si las condiciones políticas la permitirían. ¿Pediría Estados Unidos la extradición de quien había sido un estrecho aliado, tanto con la Administración Obama, de la que Joe Biden era vicepresidente y encargado de las relaciones con los países del Triángulo Norte centroamericano, como muy especialmente con la Administración Trump, a cuyas exigencias migratorias JOH se plegó? Si Washington trata así a quien le hace favores, ¿quién se va a prestar a ellos?

Cabe responder que la DEA actúa de oficio y que la Fiscalía emprende investigaciones que luego, por la separación de poderes, la Casa Blanca no puede parar. Ciertamente, la petición de extradición de un (ex)mandatario es una decisión que en última instancia supervisa el poder Ejecutivo, por cuestiones de oportunidad política, pero siempre resulta complicado interferir. De todos modos, a pesar del runrún sobre la posible implicación de JOH en delitos de narcotráfico, la Fiscalía estadounidense no actuó hasta que, primero, JOH concluyó la presidencia, y, segundo, quedó claro que la nueva presidenta de Honduras, la opositora Xiomara Castro, no iba a poner reparos en autorizar la entrega. Si en las presidenciales celebradas a finales de noviembre de 2021 hubiera ganado el partido de Hernández, este quizás hubiera tenido garantizada cierta inmunidad y es posible que la Fiscalía de EE.UU. no hubiera hecho público su procesamiento (podía haberlo mantenido secreto, hasta propiciar la detención del expresidente en algún viaje al extranjero).

Cargos presentados
EE.UU. trasladó al Gobierno de Honduras sus acusaciones contra JOH el 14 de febrero. Un mes después el juez ordenó la extradición, en una sentencia que fue apelada por el expresidente y el 28 de marzo ratificada por la Corte Suprema hondureña.

La Fiscalía estadounidense presenta tres cargos contra él: conspiración para introducir cocaína en EE.UU. (la investigación le responsabiliza del movimiento de un total de 500 toneladas), posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos para apoyar el traslado de esos envíos, y conspiración para el uso de ese armamento. La culpabilidad en el primer cargo conlleva una pena mínima de 10 años de cárcel y un máximo de cadena perpetua, y en los otros dos el mínimo son 30 años de prisión.

El Chapo Guzmán, detenido en México
El Chapo Guzmán, detenido en México
El proceso contra el hermano puso de manifiesto la vinculación del Chapo Guzmán con la trama. El entonces líder del cartel mexicano de Sinaloa habría donado un millón de dólares para las campañas electores de JOH de 2013 y 2017 y el pago de sobornos para la protección de las redes de narcotráfico de la actuación policial y judicial.

El equipo legal del expresidente hondureño está preparando la defensa con el supuesto de que tanto Tony Hernández como el propio Guzmán pueden intervenir en el juicio atestiguando contra JOH con el fin de ganar algún tipo de reducción de pena o beneficio penitenciario.

Aumentan los cultivos y la producción
El expresidente fue entregado a la DEA por el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón. Precisamente, Sabillón había sido destituido como jefe de la Policía por el anterior presidente después de que en 2014 se encargara de desarticular el clan de los Valle Valle, en una operación de la que expresamente JOH no había alertado. Con el cambio de Gobierno, Sabillón ha pasado a dirigir el Ministerio de Seguridad, con el compromiso de intentar desmontar las redes de narcotráfico que hasta el presente habían contado con cierto amparo.

Un militar de las Fuerzas Armadas de Honduras procede a la quema de arbustos de coca
Un militar de las Fuerzas Armadas de Honduras procede a la quema de arbustos de coca – Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas de Honduras
Sabillón ha declarado a AFP que «es evidente» que Honduras ha dado un salto negativo en relación con la cocaína, al pasar de ser un mero corredor de tránsito de la droga que se producía en Colombia y era llevada a través de Centroamérica a EE.UU., a convertirse también en lugar de cultivo de hoja de coca y de producción de cocaína.

Aunque se trata de una producción incipiente y muy lejos en volumen de la producción colombiana, Sabillón advierte que ya no es algo que esté en situación de «prueba», experimentando las específicas condiciones de clima y terreno, sino que se trata de una actividad que ya ha arraigado.

En los tres primeros meses de 2022, las autoridades hondureñas han destruido casi 550.000 plantas de coca, superando el número de las erradicadas en todo 2021
En los tres primeros meses de 2022, las autoridades hondureñas han destruido casi 550.000 plantas de coca, superando el número de las erradicadas en todo 2021. Si bien ese dato habla en primer lugar del esfuerzo gubernamental, también tiene relación con el creciente descubrimiento de plantaciones. Las últimas localizadas son dos sembrados que suman 14 hectáreas, que contaban con tres laboratorios con capacidad para producir 50 kilos de cocaína al mes, como señala la publicación «InSight Crime».

En un contexto de abundante producción en Sudamérica, la producción propia en Honduras cabe interpretarla como el deseo de autonomía de los carteles locales, al tiempo que estos pueden estar realizando envíos hacia Europa desde puertos de Honduras y Guatemala.

Fuente: ABC.