Moscú. Apenas tres semanas después de formalizar la anexión de cuatro regiones incompletas de Ucrania, el titular del Kremlin, Vladimir Putin, decretó ayer la ley marcial en Donietsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, y estableció distintos grados de alerta en otras regiones del país.

Putin, tras reunirse por videoconferencia con los miembros del Consejo de Seguridad de Rusia, anunció que a las cero horas de este 20 de octubre empezará a regir la ley marcial en las cuatro nuevas entidades de la Federación Rusa, que Ucrania considera territorios ocupados, drástica medida que se aplica por primera vez desde junio de 1941, cuando la Alemania hitleriana invadió la Unión Soviética.

Durante su breve intervención, Putin repitió los mismos argumentos que, de un tiempo para acá, presenta cada vez para justificar cualquier decisión relacionada con esta guerra: que Ucrania rechaza negociar, que está gobernada por seguidores de Hitler, que ataca infraestructuras civiles rusas, que envía grupos de terroristas para sembrar el miedo entre la población, que intentó destruir el Puente de Crimea, que planea atentados en instalaciones nucleares de Rusia, razones éstas –desde su óptica– suficientes para decretar la ley marcial, que por simple trámite va a ratificar el Consejo de la Federación (Senado).

La ley marcial, de acuerdo con la normativa rusa, presupone la posibilidad de anunciar una movilización general, organizar la llamada defensa territorial para reforzar la seguridad en las instalaciones más importantes, introducir la obligación laboral (trabajos obligatorios para satisfacer las necesidades que fijen las autoridades), establecer el toque de queda, realizar controles de seguridad sin previo aviso y detenciones hasta por 30 días sin explicación, confiscar con una mínima compensación los bienes de los ciudadanos y empresas si se estima necesario.

Asimismo, se limita la entrada y salida, de igual manera que la libertad de movimiento, en las regiones con ley marcial; se prohíbe o restringe elegir el lugar de residencia; no se permite salir de Rusia; se expulsa a los extranjeros; se limita la venta de medicamentos, alcohol, armas y sustancias nocivas; se impone la censura militar de la correspondencia y en los medios de comunicación; se controlan las conversaciones telefónicas; se suspende la actividad de los partidos políticos y organizaciones no gubernamentales; se eleva el grado de secretismo en las dependencias gubernamentales y en algunas empresas, y se procede a evacuar las empresas, los valores culturales y la población civil.

Con otro decreto, Putin introdujo el nivel medio de capacidad de reacción en Crimea y en las regiones de Krasnodar, Belgorod, Briansk, Voroniezh, Kursk y Rostov, colindantes con la península anexionada en 2014, que permite a las autoridades regionales llevar a cabo acciones de movilización en materia económica y tomar medidas para reforzar la defensa territorial.

En otras regiones de los distritos federales del sur y del centro, que incluye a Moscú, el mandatario ruso declaró el nivel elevado de alerta que también presupone tomar medidas para reforzar la defensa territorial y establecer un régimen especial en las instalaciones vinculadas con el funcionamiento de las comunicaciones y el transporte, así como con los energéticos. Las instalaciones gubernamentales, militares y especiales deberán tener medidas de seguridad reforzadas.

Por último, en el resto de entidades federales de Rusia los gobernadores obtienen facultades adicionales acorde con el nivel de alerta básico. En caso de necesidad, advierte el decreto presidencial, se podrá tomar cualquier medida que se estime conveniente en consonancia con la ley marcial, adoptada en 2002.

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