Vecinos de varias alcaldías, organizaciones sociales, académicos, y representantes de comisiones de participación comunitaria hicieron un llamado al Congreso capitalino a fin de que agilice la reforma constitucional que amplía los plazos para la entrada en vigor del Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial.

Exigen dar continuidad a la integración de ambos documentos ante el riesgo de que al arrancar el proceso electoral (en septiembre) se cierre la oportunidad de que la ciudad tenga planeación en este sexenio y sus habitantes podamos aspirar a que exista orden en el territorio.

La convocatoria la firman agrupaciones como el Movimiento Urbano Popular, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, la de Vecinos Hipódromo, el Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad y el de Defensa de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca de Anáhuac, las cuales señalan que aún es posible modificar ambos documentos para llevar a cabo un proceso de planeación que permita la participación plural, suficiente y expedita, retomando las opiniones y avances que la ciudadanía ha emitido y abriendo los mecanismos para que continúen las aportaciones y se genere una mayor participación, mientras prosigue el proceso de sistematización.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso una iniciativa de reforma a la Constitución local y la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo que pospone los plazos para que entren en vigor el plan y el programa el 1º de octubre de este año.

Tras la renuncia del titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, Pablo Benlliure Bilbao, el colectivo instó a realizar otras adecuaciones, como suprimir el requisito de que los integrantes del consejo ciudadano cuenten con título profesional y sea el comité técnico de selección el que emita la convocatoria y los designe, así como nombrar las representaciones ciudadanas faltantes en el directorio técnico y la junta de gobierno del organismo, al advertir que hoy tiene ocho representantes del gobierno y sólo tres ciudadanos.

Fuente: La Jornada