Barbosa considera que sus recomendaciones “no fueron recogidas” y que el proyecto otorga demasiados beneficios al crimen organizado. El Ejecutivo afirma que esto no es cierto.
El fiscal general, Francisco Barbosa, no está contento con el proyecto de ley de sometimiento a la justicia que el Gobierno radicó el miércoles ante el Congreso. Afirmó ese día en declaraciones a medios que sus recomendaciones “no fueron recogidas” y que el texto actual otorga demasiados beneficios a los criminales. “Yo como fiscal general no voy a dejar que pase esa norma”, remarcó. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha salido este jueves a defender el proyecto y a desmentir que los aportes de la Fiscalía no hayan sido considerados. La tensión entre el Gobierno y el fiscal ha vuelto a escalar después de semanas de distensión.
La proyecto de ley de sometimiento a la justicia reglamentará los acercamientos entre el Gobierno y los grupos del crimen organizado que fueron habilitados en la ley de la paz total en noviembre. Son procesos diferenciados de las negociaciones de paz tradicionales que avanzan con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El sometimiento es una figura destinada a los grupos que carecen de un carácter político, como el Clan del Golfo o las Autodefensas de la Sierra Nevada. Busca que los criminales reconozcan sus delitos, aporten información y reparen a las víctimas a cambio de beneficios judiciales, con penas de entre seis y ocho años de cárcel. No incluye la agenda política, social o militar de los diálogos con las guerrillas.
Barbosa sugirió en febrero nueve cambios al borrador que circuló el Ejecutivo. Pidió, entre otras cosas, que el proyecto contemplase una mayor protección para las víctimas y que la formulación de las imputaciones no se limitase a los delitos que señalen las personas que firmen los acuerdos. También solicitó que el principio de oportunidad, que permite a la Fiscalía abandonar investigaciones, no se aplique al delito de concierto para delinquir por crímenes graves. Entonces, la relación entre la entidad acusatoria y el Ejecutivo pasaba por un buen momento. El fiscal y el presidente, Gustavo Petro, habían limado asperezas después de que la Fiscalía rechazase en enero levantar las ordenes de captura de los voceros de grupos del crimen organizado.
La entidad acusatoria considera que las víctimas siguen sin estar contempladas y que el texto radicado ni siquiera asegura que los bienes que devuelvan los criminales sean entregados a las víctimas. “Siguen desprotegidas porque el proyecto de ley de sometimiento no define los mecanismos de reparación”, se lee en un comunicado con declaraciones de Barbosa. Osuna ha negado esto durante una entrevista este jueves con Caracol Radio y ha sugerido que el fiscal no leyó el texto final: “Probablemente obedezca a una lectura del proyecto inicial y no del que radicamos ayer. Le agregamos un capítulo entero sobre protección a las víctimas”. Asimismo, el ministro ha asegurado que se contemplan reparaciones individuales y no solo colectivas, algo que el fiscal interpreta que no es así.
Para Barbosa, la aplicación del principio de oportunidad al delito de concierto para delinquir agravado es “una suerte de indulto”. Argumenta que no se puede utilizar “el mismo rasero que se aplicó en La Habana”, en referencia a los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016. Osuna respondió que este delito ha sido excluido explícitamente en la nueva versión del texto. “No podrán acceder al principio de oportunidad quienes incurrieron en este delito agravado, que hayan participado en hechos de graves infracciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio”, leyó el ministro.
Otro punto de disputa es la porción de los bienes, adquiridos de forma ilícita, con los que podrán quedarse los criminales que se sometan a la justicia. El texto inicial lo fijaba en un 6%, mientras que la nueva versión agrega la condición de que el monto no puede superar los 10.000 salarios mínimos (11.600 millones de pesos, unos 2,4 millones de dólares). Barbosa quiere reducir el tope a los 2.500 sueldos contemplados en la ley de extinción de dominio. El Ejecutivo considera que esto es insuficiente si se quiere convencer a poderosas bandas narcotraficantes de cesar sus actividades. “Para que la ley sea un estímulo para entregar los bienes, consideramos que ese tope debería aumentarse”, explicó Osuna en sus declaraciones radiales.
Fuente: El País
Foto: El País
