El fideicomiso para atender el pasivo laboral en el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene un saldo bancario activo de 477 millones de pesos, al más reciente corte, del 31 de marzo pasado, el último de la gestión de Lorenzo Córdova, consejero presidente hasta el 3 de abril pasado.

El citado fideicomiso es uno de los dos con los que cuenta el INE (el otro se relaciona con inmuebles y módulos de atención ciudadana); según el plan B esa bolsa debe ser utilizada para pagar indemnizaciones y luego eliminadas, según los artículos transitorios de la citada reforma, cuya aplicación se encuentra actualmente suspendida por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto se analiza a fondo.

Uno de los gastos del citado fideicomiso fue por 260.5 millones de pesos para el pago de compensación a las 325 personas que en 2022 se acogieron al programa especial de retiro, entre ellos 108 funcionarios de mando medio, cinco de mando superior y el resto (212) clasificado como personal de nivel operativo.

Además de los finiquitos de ley, el INE pagó 30.4 millones, en conjunto, para dar un reconocimiento especial y vacaciones no disfrutadas a los 325 empleados en referencia.

El INE no eliminó esas 325 plazas (de una plantilla total nacional de casi 17 mil), sino que por distintas razones conservó casi todas.

Los dos argumentos centrales se relacionan con que las plazas correspondientes al Servicio Profesional Electoral Nacional no están sujetas a cancelación o modificación y, en cuanto a la rama administrativa, se hicieron cambios o ajustes tabulares, pero no se eliminaron, mientras que en un tanto se analiza su destino.

Del punto anterior se afirma que los ajustes impactan el fortalecimiento del clima laboral en la actualización de perfiles y la inclusión de algunos con mayor preparación.

En el informe del Programa especial de retiro y reconocimiento al personal de la rama administrativa y del servicio profesional electoral nacional del INE, presentado esta semana en la Junta General Ejecutiva por la Dirección Ejecutiva de Administración, se detalla que en 2018 se acogieron a este beneficio 596 personas; un año después, 508 y, como se indicó, en 2022, poco más de 300.

A nivel general, la mayoría de las personas que dejaron de formar parte del INE contaban con una antigüedad de entre 15 y 30 años y tenían entre 41 y 60 años de edad.

De las plazas inscritas al programa de retiro, en oficinas centrales, correspondieron en su mayoría a la Dirección del Registro Federal de Electores y la propia Dirección de Administración.

Sin embargo, para el INE lo anterior es bueno porque es importante contar con procesos de renovación de personal con talento nuevo, con preparación y experiencia innovadora, aspectos que permitirán promover la innovación y modernización del instituto a fin de mantenerse como un ente de vanguardia capaz de enfrentar nuevos retos institucionales.

Estos programas de retiro se encuentran establecidos en el estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.

Fuente: La Jornada